En los últimos años la violencia y la conflictividad se han exacerbado a todo lo largo y ancho de la línea fronteriza venezolana: asesinatos, secuestros, desapariciones, enfrentamientos, contrabando y narcotráfico se han convertido en parte de la cotidianidad de entidades como Táchira, Apure, Zulia, Bolívar, Amazonas y Falcón ante la inacción del Estado.
FundaRedes en su último informe: «Guerrilla y bandas delictivas imponen una violencia desbordada en la frontera venezolana», asegura que los hechos violentos perpetrados por estas agrupaciones terroristas y delincuenciales vienen dados por el control de las rutas del narcotráfico, el contrabando de combustibles y minerales entre otras actividades ilícitas.
Según la investigación la pugna por el control del oro y sus rutas de comercialización en el Arco Minero del Orinoco; el control de territorios estratégicos para las rutas del narcotráfico y la desbordada proliferación de bandas criminales en Zulia que extienden su acción entre Táchira y el sur del Lago de Maracaibo, constituyen los tres vértices principales de conflicto a lo largo de la frontera venezolana.
“En la zona que abarca el Arco Minero del Orinoco, los estados Bolívar y Amazonas son los que concentran mayor actividad asociada a grupos armados irregulares bajo las figuras de “sindicatos”, bandas y las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC”.
En la entidad apureña – señala el estudio- los grupos guerrilleros que operaban en la clandestinidad han mostrado abiertamente su poderío ante el país y el mundo, causando una ola de asesinatos y desapariciones que llegó incluso al Arauca colombiano donde las autoridades contabilizaron al menos 100 muertos, en su mayoría civiles, producto de enfrentamientos armados por el control del territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC.
Los negocios en la frontera colombo-venezolana
Para el investigador de los procesos fronterizos y experto en temas de seguridad Miguel Ángel Morffe, – citado por FundaRedes- el repunte de la violencia en los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia se generó tras el cierre de los puentes internacionales en los años 2014 y 2015.
“Hecho que convirtió a las trochas en alternativas de tránsito cotidiano tanto para personas como para mercancías, lo que puso al alcance de los grupos irregulares, ya presentes en estos territorios, nuevos insumos para el negocio de la criminalidad”, afirmó.
El control de las trochas, independientemente del volumen y el tipo de mercancías lícitas o ilícitas que por ellas se moviliza, – aseveró Morffe- se ha convertido en el negocio más lucrativo que existe actualmente en la frontera.
“No existe en el corto plazo una estrategia que permita frenar la pugna por el control de las trochas”, dijo.
Asimismo el investigador calculó que en estos pasos se maneja un promedio de 100 millones de pesos al día (más de 25.000 dólares), lo que constituye una importante base de financiamiento para los grupos armados irregulares que, con su sola presencia, aseguran flujo de capital para la adquisición de armas, pertrechos y la logística para el mantenimiento de sus estructuras delictivas.
“La apertura de fronteras al comercio formal no le conviene a los grupos armados, y ya sabemos la presencia que tienen éstos dentro de la estructura política”, destacó Miguel Ángel Morffe
Esta misma situación – reseña el estudio- ha sido denunciada de manera reiterada en relación con el Arco Minero del Orinoco, donde los acuerdos entre el estamento político y efectivos militares con bandas, guerrillas y sindicatos han dado al negocio de la extracción de oro un nuevo nivel de operatividad y rentabilidad.
En esta zona la pugna es tanto por el control de las minas como de las rutas de comercialización, “hay estructuras delictivas especializadas en custodia y transporte, así como en suministro de mano de obra barata y también en servicios sexuales, todas permanentes generadores de violaciones a los derechos fundamentales del ser humano”.
En este sentido, FundaRedes ha acudido formalmente ante los organismos jurisdiccionales, al menos en seis oportunidades en lo que va del año 2022, para solicitar que sean investigadas situaciones relacionadas con la conflictividad en los pasos de frontera y la vulneración de los derechos humanos que esto conlleva.
Cabe destacar que la insistencia en las denuncias y en visibilizar de manera constante las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la frontera venezolana ha forzado respuestas parciales por parte del Estado; sin embargo, los afectados señalan parcialidades para favorecer a uno de las partes. SM CNP 7.996 (FundaRedes)
TEXTO BOLETÍN # 40
«GUERRILLA Y BANDAS DELICTIVAS IMPONEN UNA VIOLENCIA DESBORDADA EN LA FRONTERA VENEZOLANA»
La franja limítrofe entre Venezuela y Colombia se ha convertido desde hace años en un territorio de conflictividad debido a la presencia de grupos armados irregulares y bandas delictivas con alto poder de fuego que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, el contrabando de combustibles y minerales.
Informes de FundaRedes del primer trimestre de 2022 en los estados fronterizos de Venezuela confirman con cifras el contexto violento en toda la frontera venezolana. La organización registró un total de 229 homicidios, 70 supuestos enfrentamientos en los que 103 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad del Estado –casos que se configuran más como presuntas ejecuciones extrajudiciales– y 96 desaparecidos y/ o secuestrados entre el 1° de enero y el 31 de marzo.
El año comenzó con eventos de inusitada violencia. En Barrancas del Orinoco las detonaciones sustituyeron a las campanadas que tradicionalmente dan la bienvenida al año nuevo. Esta población ubicada en el margen del estado Monagas conecta con la ruta del oro; recibió el 1° de enero con calles sembradas de muertos, heridos ocultos para evitar ser ajusticiados y el temor respirándose en el aire. La situación se extendió por varias semanas y ameritó un importante despliegue policial sobre el que llovieron las denuncias de abusos, allanamientos y detenciones arbitrarias, e incluso de ejecuciones extrajudiciales.
Casi al unísono, en Apure se reavivaron los conflictos entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en medio de un reacomodo de mandos internos que propició asesinatos. La escalada del conflicto fue tal que ameritó la movilización de contingentes militares desde entidades tan distantes como el Distrito Capital y los estados Guárico y Mérida. A consecuencia de estas acciones extremadamente violentas se registró el desplazamiento interno de aproximadamente 3.860 personas en diferentes zonas de Arauca y otras 3.000 personas huyeron de Apure hacia Colombia.
Pasado un par de meses las acciones militares aplacaron los enfrentamientos a campo abierto entre los grupos guerrilleros, pero desataron otras formas de violencia asociadas a excesos y abusos por parte de los uniformados, así como acciones estratégicas de combate de los grupos en conflicto que sembraron minas antipersonales, amedrentaron a colaboradores del adversario, cometieron asesinatos selectivos e incluso atentaron con explosivos.
El 23 de abril tres indígenas yanomami, habitantes de Súpiro, municipio Atabapo, estado Amazonas, resultaron heridos de bala cuando intentaron impedir que una embarcación destinada al transporte de mercancía desde Colombia continuara su recorrido por el río Orinoco hasta las minas del cerro Yapacana. En la embarcación se trasladaban hombres armados de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes abrieron fuego contra los indígenas.
Mientras tanto, en la frontera entre Táchira y Norte de Santander llegó a las trochas otro actor que multiplica la violencia: el Tren de Aragua, una sanguinaria banda del centro del país que ha exportado su violencia a Colombia, Perú, Chile y otros países del continente y decidió abrirse espacio en esta franja de la frontera, principalmente controlada por el ELN y algunas organizaciones paramilitares. La presencia de este nuevo actor que pugna por espacios de control y poder desató en los primeros meses de 2022 una guerra con enfrentamientos armados en los cuales las víctimas son los migrantes que usan las trochas para escapar de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece Venezuela.
Los hombres y adolescentes son cooptados a trabajar para los grupos irregulares, es fácil postularse, pero imposible salir con vida. Quienes se resisten a la “oferta laboral” de las organizaciones ilegales a menudo desaparecen y luego son hallados muertos en alguna de estas trochas o son enviados de manera forzada a cumplir alguna forma de esclavitud moderna. En el caso de mujeres y niñas –que son quienes cada vez más se desplazan por estos pasos fronterizos– son raptadas para el comercio sexual de las redes de trata de personas en las que bandas como el Tren de Aragua también han incursionado.
Un padre de familia que migró junto a su esposa y cinco hijos pequeños desde Valencia (estado Carabobo) para trabajar como “trochero” entre Táchira y Norte de Santander confirmó a FundaRedes que cada vez son más frecuentes las violaciones sexuales de mujeres y niñas en estos pasos, donde también han aumentado crímenes como asesinatos y desapariciones en medio de un conflicto que mantienen en la zona el Tren de Aragua y la guerrilla del ELN.
De las 96 desapariciones y/o secuestros registrados por FundaRedes entre enero y marzo de 2022 en los seis estados fronterizos de Venezuela 14 víctimas eran niños y/o adolescentes. La entidad con más casos fue Táchira con 45.
REALIDADES LOCALIZADAS
Son tres los principales “nodos” de conflicto a lo largo de la frontera sur de Venezuela: la pugna por el control del oro y sus rutas de comercialización en toda el área de influencia del Arco Minero del Orinoco; el control de territorios estratégicos para las rutas del narcotráfico –incluida la operación de pistas clandestinas, siembra y procesamiento de cocaína en las regiones llaneras colombo-venezolanas que dan acceso al corazón de ambos países y de allí al resto de Suramérica– y la desbordada proliferación de bandas criminales en Zulia que extienden su acción entre Táchira y el sur del Lago de Maracaibo donde han impuesto su supremacía incluso con el uso de granadas explosivas.
En la zona que abarca el Arco Minero del Orinoco, los estados Bolívar y Amazonas son los que concentran mayor actividad asociada a grupos armados irregulares bajo las figuras de “sindicatos”, bandas y las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC.
En Amazonas la situación de los pueblos originarios venezolanos se agrava cada día producto de un cúmulo de arbitrariedades como la ocupación de sus territorios ancestrales, la violencia criminal contra las poblaciones y la destrucción de los ecosistemas por factores asociados a la explotación irracional de la minería, principalmente en manos de grupos violentos con la complicidad de la Fuerza Armada Bolivariana en el rentable negocio de la extracción artesanal de oro, coltán, diamantes y otros minerales preciosos, para lo cual indígenas son forzados a trabajar en situaciones de esclavitud o explotación, tanto laboral como sexual. En las minas son frecuentes las desapariciones y los asesinatos.
Similar situación sucede en Bolívar, segundo estado fronterizo más violento en el primer trimestre de 2022 al registrar 50 asesinatos, además de 14 presuntos enfrentamientos en los que 22 personas murieron a manos de comisiones de la GNB, DGCIM o el CICPC. En este lapso 28 personas desaparecieron o fueron secuestradas, principalmente en las minas. En esta entidad algunas etnias se han opuesto con arcos y flechas a las amenazas guerrilleras, aunque en otros casos algunos de sus miembros han pasado a formar parte de grupos criminales.
María Fabiola Báez Angarita, madre de los hermanos Jhon Jairo y Jair Castellanos Báez, desaparecidos desde el 8 de mayo de 2021, relató a FundaRedes que ambos se trasladaron desde Táchira al municipio Sucre del estado Bolívar donde comenzaron a trabajar en la mina Kino. El día de su desaparición iban en una moto junto a otro hombre cuando fueron detenidos por indígenas de la etnia Jivi, quienes se los llevaron con rumbo desconocido y hasta el día de hoy no se tienen noticias de su paradero.
Tras varios días sin recibir noticias de sus hijos la mujer viajó a Bolívar y desde entonces ha denunciado la desaparición ante diferentes organismos, incluso habló directamente con la alcaldesa para ese momento sin que hasta ahora nadie le haya dado respuesta sobre el paradero de sus hijos. En algunas instancias locales la única respuesta que recibió fue: “Allá (en las minas) están en guerra, para allá no nos metemos”. A estas alturas, María Fabiola Báez sólo quiere saber si sus hijos están vivos o muertos.
En Apure los grupos guerrilleros que operaban en clandestinidad desde hace más de dos décadas se han mostrado abiertamente ante el país y el mundo más recientemente y sin reservas, causando una ola de asesinatos y desapariciones que llegó incluso al Arauca colombiano donde las autoridades contabilizaron al menos 100 muertos, en su mayoría civiles, producto de enfrentamientos armados por el control del territorio entre el ELN y las disidencias de las FARC. En Apure durante el primer trimestre de 2022 fueron documentadas por FundaRedes 43 víctimas de homicidios, 8 desapariciones y/o secuestros y 5 enfrentamientos armados principalmente en las zonas rurales.
“Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas piaroa, a unos 40 kilómetros al norte de la capital de Amazonas, Puerto Ayacucho, cerca de la desembocadura del río Apure en el Orinoco, está justo en el vértice donde coinciden las fronteras de tres estados venezolanos, Amazonas, Apure y Bolívar, con el Vichada colombiano. Esa cuña ofrece una atalaya estratégica al ELN, cuyo bastión tradicional era el estado Apure, en la zona de Los Llanos, vecino del departamento colombiano de Arauca, pero que desde allí se desplazó a la selva de la Orinoquía para llenar el vacío que las FARC oficiales dejaron al plegarse al proceso de paz… Desde Betania Topocho se controlan las entradas y salidas de un vedado en poder de las guerrillas colombianas, el ELN y las nuevas disidencias de las FARC. Abarca cuatro de los siete municipios del estado Amazonas –Atures, Autana, Manapiare y Atabapo–, así como áreas de los vecinos estados Bolívar y Apure. Todas son zonas donde prospera la actividad minera o pasan rutas de la droga”, reseña un reportaje del portal de investigación Armando.info.
DINERO, CONTROL Y PODER
Miguel Ángel Morffe, investigador de los procesos fronterizos y experto en temas de seguridad, recuerda que el repunte de la violencia en los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia comenzó a notarse tras el cierre de los puentes internacionales en los años 2014 y 2015, que convirtió a las trochas en alternativas de tránsito cotidiano tanto para personas como para mercancías, lo que puso al alcance de los grupos irregulares ya presentes en estos territorios nuevos insumos para el negocio de la criminalidad.
“El control de las trochas –independientemente del volumen y el tipo de mercancías lícitas o ilícitas que por ellas se moviliza– se ha convertido en el negocio más lucrativo que existe actualmente en la frontera”, afirma Morffe, para quien “no existe en el corto plazo una estrategia que permita frenar la pugna por el control de las trochas”. Calcula que en estos pasos se maneja un promedio de 100 millones de pesos al día (más de 25.000 dólares), lo que constituye una importante base de financiamiento para los grupos armados irregulares que con su sola presencia aseguran flujo de capital para la adquisición de armas, pertrechos y la logística para el mantenimiento de sus estructuras delictivas. “La apertura de fronteras al comercio formal no le conviene a los grupos armados, y ya sabemos la presencia que tienen éstos dentro de la estructura política”, destacó el investigador.
La misma situación ha sido denunciada de manera reiterada por FundaRedes en relación con el Arco Minero del Orinoco, donde los acuerdos entre el estamento político y efectivos militares con bandas, guerrillas y sindicatos han dado al negocio de la extracción de oro un nuevo nivel de operatividad y rentabilidad. Allí, la pugna es tanto por el control de las minas como de las rutas de comercialización. Hay estructuras delictivas especializadas en custodia y transporte, así como en suministro de mano de obra barata y también en servicios sexuales, todas permanentes generadores de violaciones a los derechos fundamentales del ser humano.
Sólo en lo que va de año, FundaRedes ha acudido formalmente ante los organismos jurisdiccionales en al menos seis oportunidades para solicitar que sean investigadas situaciones relacionadas con la conflictividad en los pasos de frontera. El 20 de enero de 2022 pidió al fiscal general de la República investigar los recientes enfrentamientos en Apure. El 21 de febrero de 2022 solicitó a la Fiscalía General de la República investigar la ola de violencia causada por bandas delictivas que usan granadas contra ciudadanos, comerciantes y productores agrícolas del estado Zulia.
El 09 de marzo de 2022 consignó ante la Fiscalía General de la República el informe Curva de la Violencia en seis estados fronterizos correspondiente al año 2021 en el que documenta con data detallada la escalada de hechos que atentan contra la población y en muchos de los cuales podrían tener responsabilidad funcionarios de los cuerpos de seguridad. El 14 de marzo de 2022 la organización envió comunicación a la Defensoría del Pueblo para solicitar la protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por la actuación de grupos armados irregulares en el Arco Minero del Orinoco, solicitud reiterada con nuevos elementos ante la misma dependencia el 05 de abril de 2022. Además, el 29 de marzo de 2022 en comunicación al Fiscal Superior del estado Amazonas se denunció el homicidio de 4 indígenas yanomami a manos de efectivos militares.
El 06 de mayo de 2022 FundaRedes introdujo un escrito ante la Fiscalía Superior del estado Táchira en el que denunció la desaparición de siete personas en los pasos fronterizos entre esa entidad y el Norte de Santander en lo que va de año, y solicitó que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables.
La organización también ha iniciado diligencias ante instancias y organismos internacionales. El 20 de enero de 2022 FundaRedes solicitó la intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja para proteger y auxiliar a los habitantes de Apure, víctimas del conflicto armado; luego el 28 de marzo de 2022 denunció la presencia de minas antipersonales en ese estado llanero ante el Servicio de Naciones Unidas para las actividades relativas a las Minas (Unmas), con sede en Ginebra.
La presencia de estos grupos armados irregulares, bandas criminales y “sindicatos” en la frontera suroccidental de Venezuela deriva en la permanente violación de los derechos humanos a la vida, la propiedad, la seguridad, la libertad de tránsito, y vulnera las garantías que toda persona debe tener a no ser víctima de desaparición forzada, secuestro o esclavitud moderna, explotación sexual y laboral, reclutamiento forzoso, entre otros. Estas situaciones ocurren ante la inacción del Estado que tiene responsabilidad en los hechos bien sea por acción u omisión.
La insistencia en las denuncias y en visibilizar de manera constante las violaciones a los derechos humanos de los habitantes venezolanos de la frontera ha forzado respuestas parciales por parte del Estado; sin embargo, los afectados señalan parcialidades para favorecer a uno de los bandos.
