Opinión
Para Octavio Táriba, empresario y analista político carabobeño la renovación de la orden ejecutiva 13692 por parte del mandatario Joe Biden constituye un hecho criminal contra la economía y estabilidad social del país.
Calificó como inaceptable que a través de algunas redes sociales o grupos de opinión se pretenda banalizar este hecho histórico que deja en evidencia una política criminal de agresión en contra del pueblo venezolano, “mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales”.
Afirmó que las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otras naciones aliadas de los mismos, impiden la reactivación del aparato productivo económico y comercial, lo que a su vez interfiere en la capacidad de generar ingresos que fortalezcan el Producto Interno Bruto e ingresos adicionales fiscales que, al no existir obstaculizan los procesos de fortalecimiento salarial y recuperación del poder adquisitivo del venezolano.
Destacó que a nivel internacional los expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinaron que las sanciones frenan el desarrollo de los países, frenan también a las personas, y en un mundo en vías de globalización, eso perjudica a todos.
La renovación consecutiva de sanciones constituye un hecho criminal contra la economía y estabilidad social del país y quienes las apoyan son sus cómplices por acción y omisión, finalizó.
