Detrás del carro bomba contra la brigada 30 en Cúcuta y el ataque a bala contra el helicóptero del presidente Iván Duque en inmediaciones al aeropuerto de esa misma ciudad, un capitán retirado del Ejército colombiano que se alió con las disidencias de las FARC aparece como el principal artífice.
Por Noticias Caracol
Así lo señaló el fiscal general, Francisco Barbosa, en una rueda de prensa: “Sobre la persona que diseñó y ejecutó el plan criminal, Andrés Fernando Medina, debe decirse que es un capitán pensionado del Ejército Nacional que hace unos años fue licenciado por sanidad. Mientras que las otras personas son articuladores de las disidencias de las FARC, frente 33 en el Catatumbo y Cúcuta”.
Aunque es preocupante que un oficial de rango medio resulte involucrado en alianzas criminales, lo cierto es que este tipo de episodios involucran incluso a los más altos mandos militares. La reciente misión Atila II de la contrainteligencia del Ejército en la Guajira, frontera con Venezuela, encontró presuntos vínculos de dos generales de la República y dos tenientes coroneles.
Uno de esos generales comandaba la primera división que cubre Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y el sur de Bolívar, según las investigaciones de contrainteligencia, permitía el libre movimiento de criminales. Uno de los documentos secretos lo registró:
“Aprovechando el cargo que desempeñaba como comandante de la primera división del Ejército Nacional, influía en órdenes para la no realización de operaciones militares en el trayecto que conduce desde la ciudad de Riohacha hacia el municipio de Maicao, región que es controlada por una familia de apellido Barros, los cuales se dedicaban a labores de narcotráfico”.
En un documento reservado de junio de 2020, la misma contrainteligencia del Ejército afirma que el otro general, subalterno del anterior, dio instrucciones para proteger a esa familia: “Ordenar a los comandantes del batallón de infantería No 6 Cartagena (en Riohacha) y batallón de artillería de defensa aérea No 1 brindar las garantías para que la familia Barros pudiese estar en la región y continuar con sus actividades delictivas sin ninguna restricción”.
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