Los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente del régimen cubano, podrían ser imputados a los integrantes del grupo “Archipiélago”, tras el llamado a manifestar el próximo #15Nov.
El pasado 21 de octubre la Fiscalía General de la República de Cuba citó a al menos cinco de los promotores de la movilización por el Cambio para advertirles de las consecuencias que podrían tener de llevarse a cabo la protesta.
El Observatorio Cubano de DDHH pidió a Michelle Bachelet “acciones urgentes” para proteger a los cubanos que quieren manifestar. Por su parte el régimen anunció la militarización para evitar la manifestación la actividad de calle,
La vicefiscal jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana señaló a la prensa, que la actuación de su despacho se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos.
La Marcha Cívica por el Cambio fue convocada por el grupo Archipiélago, integrada por más de 29.000 ciudadanos cubanos en las redes sociales, con el fin de protestar contra de la violencia, exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, así como abogar por la solución pacífica y democrática de las diferencias entre los cubanos.
Los miembros del grupo expresaron que #15Nov “será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos y que frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”.
