Abogados y familiares de personas consideradas víctimas de asesinatos y torturas a manos de las fuerzas de seguridad de Venezuela pusieron en duda la actuación del Ministerio Público y los tribunales del país y pidieron al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, escuchar sus testimonios.
Khan asumió el cargo el 16 de junio de este año, pero ya en noviembre de 2020, su predecesora en la CPI, Fatou Bensouda, determinó que había una «base razonable» para creer que en Venezuela se cometieron crímenes que competen a su jurisdicción.
Por ello, los parientes de las víctimas se han organizado para presentar públicamente sus casos con la esperanza de que sean admitidos por el fiscal Khan.
«No creo se obtenga justicia a través de Venezuela. Conservamos la esperanza en las instancias internacionales», aseguró Nancy Márquez, hermana de José Márquez, presuntamente asesinado por oficiales de la Guardia Nacional, en 2014. El proceso legal contra los cinco presuntos responsables aún está en fase de juicio y se desconoce el paradero de tres de ellos, quienes recibieron beneficios para ser procesados en libertad.
Márquez recordó que su hermano, de 45 años, salió de su casa, en Caracas, para grabar con su teléfono las protestas que se registraban en las inmediaciones del vecindario. Narró que los oficiales fueron tras él para pedirle el celular. «Él corrió para protegerse, se cayó y ellos lo golpearon. Aún cuando estaba boca abajo, con las manos hacia arriba en señal de rendición, recibió varias patadas en el cráneo y en el cuerpo que lo dejaron aturdido y desorientado. Con sus armas, seguían golpeándolo e insultándolo. Incluso, utilizaron una cadena para ahorcarlo», contó.
Márquez fue ingresado el 19 de febrero a un centro de salud de la capital, donde murió 4 días después, producto de múltiples fracturas, hematomas y hemorragias, de acuerdo con el reporte médico.
«No se va a hacer justicia nunca»
«Cuatro meses después de la muerte de mi hijo no se había llamado a declarar a ningún cuerpo policial, no había resultados de las pruebas químicas. Hoy, a 4 años de la muerte de Neomar, no hay ningún responsable de la muerte de mi hijo. Una vez más, ponemos nuestro caso en la Corte Penal Internacional, ya que, en Venezuela, no se va a hacer justicia nunca», dijo durante una videoconferencia, Zugeimar Armas, madre de Neomar Lander, de 17 años, fallecido en medio de las movilizaciones antigubernamentales de 2017, presuntamente por impacto de bomba lacrimógena, aunque, según la versión del gobierno, el joven manipulaba un mortero.
Otro de los casos expuestos fue el del estudiante de 24 años, Luigi Ángel Guerrero, quien, en 2019, recibió un disparo durante una manifestación en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira, y fue trasladado por sus compañeros al Hospital Central de esa ciudad, donde murió posteriormente.
«Cuando él entra mal herido (al hospital), lo rodean agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) para rematarlo. Mi hijo ingresó con un solo tiro a la emergencia del Hospital, según el testimonio de los médicos que lo atendieron. Cuando me lo entregan en la morgue, su cuerpo estaba muy golpeado hasta los pies y tenía tres tiros», relató su madre Julieta Ovalles.
Política de represión
Tras escuchar los testimonios, la abogada Sara Fernández, miembro del Centro de Justicia y Paz, destacó que los hechos documentados «muestran la existencia y la ejecución de una política de represión y de persecución en contra de todos aquellos que son percibidos por el gobierno como disidentes u opositores».
Fernández coincide con las víctimas al asegurar que «en Venezuela no existen investigaciones auténticas sobre estos casos y, además, no existe la disposición por parte del Estado venezolano de hacerlo».
En Venezuela no existen investigaciones auténticas sobre estos casos»
Sara Fernández, abogada y miembro del Centro de Justicia y Paz
La jurista apunta que miembros del oficialismo se han encargado de «utilizar el aparato del Estado para deslegitimar a la persona que ha sido víctima, para trasladarle la culpa a a esa persona, en vez de comenzar una investigación formal de los hechos».
No en vano, el fiscal designado por la ya disuelta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, insistió esta semana en la petición de Venezuela a la Fiscalía de la Corte de “nuevos pasos de diálogo, habiendo demostrado su voluntad integral de cooperación constructiva”.
El Gobierno venezolano ha denunciado un trato “discriminatorio” por parte de la oficina de la Fiscalía de la CPI y ha pedido “complementaria”.
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