Una regla relacionada con la pandemia conocida como Título 42, que permitía a las autoridades migratorias de Estados Unidos expulsar a inmigrantes por razones de salud pública expiró a primera hora del viernes.
El gobierno del presidente Joe Biden anunció que empezará a aplicar a los inmigrantes una ley conocida como el Título 8, bajo el que son inelegibles para asilo los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin que se les haya negado protección en un tercer país.
Mientras tanto, un juez federal bloqueó temporalmente un intento del gobierno de Biden de liberar a los inmigrantes más rápidamente cuando las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza (CBP) se encuentren al máximo de su capacidad.
En el norte de México, algunos migrantes, incluidos niños, se paseaban por la frontera estadounidense, reforzada con alambre de púas y soldados, sin saber exactamente a dónde ir ni qué hacer. Otros se instalaron en refugios, decididos a conseguir una cita de asilo que podrían tardar meses en obtenerla.
En El Paso, Texas, el reloj marcó las 10 p.m., 12:00 a.m. hora del Este, con unas 350 personas aún esperando para ser procesadas por CBP del otro lado del muro fronterizo, en la puerta número 42.
Cerca de la medianoche, unidades de CBP se movieron al área para continuar la transportación de migrantes a centros de procesamiento. El primer bus en salir de la puerta 42 tras el fin del Título 42 lo hizo pasadas las 11:30 p.m. hora local, con un grupo compuesto en su mayoría de mujeres y niños.
Durante las 24 horas previas al fin de la política sanitaria, en el sector de El Paso, autoridades fronterizas ya habían detenido a unas 1.500 personas, según cifras del CBP. El jueves, la fila de migrantes que permanecía en el lado de Ciudad Juárez, México, de la puerta 42 y voluntariamente se entregaron a las autoridades fronterizas estadounidenses superó el millar.
En la mañana del viernes, en las aceras aledañas a la iglesia del Sagrado Corazón, en El Paso, convertidas en campamento improvisado y donde hace unos días se concentraban cientos de migrantes, apenas se veían unas decenas de personas.
Para algunos de los migrantes allí, el cambio de política “no tiene mucha diferencia” a la situación que están viviendo.
“Estamos con la de Dios, de que sea el Título 42 o el 8, sin mentirle, ni sé a qué se refiere”, dijo a la Voz de América Alison Pérez, un venezolano de 27 años que, tras entregarse y haber sido procesado por CBP, dormía en la acera, pues no tenía medios económicos para transportarse.
Al interior del centro de procesamiento, de donde salió el jueves, dice que le fue “mal” por cómo lo trataron. «Pero ¿de qué me puedo quejar? Soy un inmigrante”, lamentó.
Juez bloquea fondos de emergencia
El juez del Distrito Norte de Florida, Kent Wetherell, bloqueó el jueves una solicitud de emergencia del DHS que permitiría poner en libertad condicional a los inmigrantes que estuvieran bajo su autoridad sin antes presentarse ante las autoridades judiciales.
“El DHS tiene prohibido implementar o hacer cumplir la política de libertad condicional contenida en el Memorándum del 10 de mayo de 2023 del Jefe de la Patrulla Fronteriza de EEUU titulada ‘Política de Libertad Condicional con Condiciones en Circunstancias Limitadas Antes de Expedición de Documento Acusador (Libertad Condicional con Condiciones)’”, ordenó Wetherell, dictando su implementación esa misma noche.
La medida queda establecida por lo menos durante dos semanas, pero antes, el próximo 19 de mayo queda pactada una audiencia preliminar en la Corte de Penscola, en Florida, para revisar el caso.