La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, considera que un informe presentado por periodistas es “alarmante”, ya que “todos los días AI registra nuevas acciones estatales para silenciar el disenso y la rendición de cuentas”.
Por infobae.com
Más de una docena de periodistas del medio digital El Faro, dos dirigentes de organizaciones de la sociedad civil y dos políticos opositores de El Salvador han denunciado haber recibido advertencias sobre un posible espionaje de “atacantes patrocinados por el Estado”.
La compañía de tecnología Apple ha enviado un correo electrónico a este grupo de personas alertándoles de “un posible espionaje” por parte de “atacantes patrocinados por el Estado” que podrían “comprometer de forma” su teléfono móvil “debido a quién son o qué hacen”.
Además de doce miembros de El Faro, el presidente y la directora ejecutiva de la Fundación Democracia Transparencia Justicia (DTJ), José Marinero y Xenia Hernández, respectivamente, también han recibido estos mensajes, así como el diputado Jhonny Wright Sol, y el concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva.
“Si bien es posible que se trate de una falsa alarma, tómese esta advertencia en serio”, agrega Apple en el mensaje enviado a este grupo de personas.
El software Pegasus saltó al centro de la polémica cuando el pasado mes de agosto una investigación del diario The Washington Post reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software. Entre los usuarios de esos teléfonos hay periodistas, activistas y empresarios, entre otras personalidades.
El software Pegasus se utiliza para lograr acceso a teléfonos móviles de terroristas, traficantes o pedófilos, pero Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos aseguran que también se ha usado para otros fines por parte de gobiernos.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha considerado que la denuncia de los periodistas de El Faro es “alarmante”, ya que “todos los días AI registra nuevas acciones estatales para silenciar el disenso y la rendición de cuentas”.
“El periodismo y la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador están en la mira”, ha indicado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.
El pasado 3 de noviembre la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) acusó al partido gubernamental Nuevas Ideas de seguir la retórica del Gobierno del presidente, Nayib Bukele, en lo que considera una serie de ataques contra la prensa.
“La bancada oficialista ha seguido la misma retórica que el Ejecutivo, en términos de ver a la prensa independiente como enemiga o como un elemento opositor al discurso del Gobierno”, ha señalado la asociación en un comunicado.
Serafín Valencia, representante de APES, ha matizado así que la actual legislatura ha incurrido en “mayores restricciones tanto al acceso a la información oficial de la Asamblea Legislativa como a la movilidad interna”
“Ellos (Nuevas Ideas) han hecho una especie de distinción y han decidido que la bancada oficialista únicamente va reconocer como prensa a la prensa oficial, a los periodistas de medios gubernamentales y han restringido el acceso a la información documental, información de fuentes vivas, para el resto de la prensa”, ha aseverado.
En este sentido, ha querido matizar que el “rechazo a la prensa viene solamente de parte de la bancada oficialista de Nuevas Ideas”. “El resto de partidos son más accesibles y respetuosos con la prensa, incluso los aliados del Gobierno”, ha añadido.
Para algunos periodistas, como Beatriz Benítez, existe una clara “política institucional y un trabajo asiduo de los comunicadores de la Asamblea de bloquear a los periodistas que buscan obtener una postura de los diputados de la bancada de Nuevas Ideas, quienes evaden a los medios que no son controlados por el oficialismo”.
“En algunas ocasiones los diputados de Nuevas Ideas dan conferencias de prensa pero no responden preguntas de otros temas, le huyen a la prensa”, ha subrayado antes de referirse al acceso a la información como una “herramienta esencial en el trabajo de investigación periodística”.
“Desde mi experiencia puedo decir que básicamente la unidad de acceso a la información pública trabaja para dilatar las respuestas con prevenciones absurdas y negar la información solicitada”, ha afirmado.
Datos de la APES muestran que hasta el 15 de octubre se han registrado más de 200 agresiones a periodistas, la mayoría de ellas por parte de la Policía Nacional. “Esto implica un aumento bastante significativo con relación al año pasado. No hemos terminado el año y ya se ha sobrepasado”, ha lamentado la asociación.