Por: Yira Yoyotte.-
En una nueva investigacion conjunta realizada entre Amnistía Internacional y las ONG Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) se concluye que existe una coordinación directa entre los mensajes estigmatizantes del gobierno de Nicolás Maduro y las detenciones arbitrarias a opositores.
Según la base de datos sobre detenciones arbitrarias de la ONG Foro Penal, hubo 1.270 detenciones arbitrarias en Venezuela entre enero de 2019 y junio de 2021.
No obstante, la base de datos sobre eventos de estigmatización del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) computó unos 350 eventos en el mismo período.
“En ese mismo tiempo las fuentes de estigmatización más comunes fueron “Con el Mazo Dando”, “Misión Verdad (Blog, “Zurda Konducta” y “Lechuguinos”, indicaron los abogados.
En rueda de prensa virtual, representantes del Foro Penal, del Centro para los Defensores y la Justicia y Amnistía Internacional presentaron el informe denominado “Venezuela: Represión Calculada. Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos”.
En el documento se explica, entre otras cosas, que estigmatizar, practicar detenciones arbitrarias y criminalizar a opositores podría indicar la existencia del delito de lesa humanidad de persecución.
Los especialistas indicaron que al analizar los perfiles de los agentes de estigmatización sobresale la naturaleza jurídica de carácter público de varios de ellos y el financiamiento y amparo estatal de la producción a través del canal público de televisión que es Venezolana de Televisión (VTV).
Agregan que otros organismos públicos, como el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE), replican el contenido de algunos de estos medios en su página web oficial.
“El mundo conoce, desde hace años, de la política de represión instauradas por el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra investigacion muestra que hay momentos de altísima correlación entre las estigmatizaciones públicas y las detenciones arbitrarias por motivos políticos” indicó la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Guevara Rosas agregó que esta coordinación es un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución, que debe ser investigado por la justicia internacional.
CPI debe investigar el delito de persecución
Luego de realizar la exhaustiva investigacion los expertos concluyeron, en virtud de todas las evidencias numéricas, que la dependencia entre la narrativa discriminatoria (estigmatizaciones) y las violaciones a derechos humanos (detenciones arbitrarias y criminalización) podría indicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución.
“En consecuencia, las autoridades venezolanas, incluido al más alto nivel, deben ser investigadas para determinar su responsabilidad penal en estos hechos”, indica el documento.
Dados los resultados obtenidos las referidas organizaciones hacen un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que considere incluir en su investigacion sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigacion.
Explican que esta inclusión debe hacerse con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución por motivos políticos.
Asimismo hacen un llamado a la comunidad internacional para que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde 2014.
Agregan que la comunidad internacional debe sostener y fortalecer el apoyo a la Corte Penal Internacional, tanto a nivel financiero como político, coadyuvando a su labor contra la impunidad de crímenes de lesa humanidad.
La rueda de prensa fue ofrecida este jueves 10 de febrero, vía YouTube, por los abogados Erika Guevara Rosas, Valentina Ballesta, Marianna Romero y Gonzalo Himiob, representantes de Amnistía Internacional, el Centro para los Defensores y la Justicia y Foro Penal, respectivamente.
Aqui puede leer el informe completo:
