Las autoridades amenazan con desalojar a unos 1.200 indígenas desplazados de 13 comunidades de varias partes del país, incluidos unos 400 menores, que permanecen desde hace más de 20 días acampados en el Parque Nacional de Bogotá y que piden que les respeten sus derechos como víctimas del conflicto.
Los líderes de las comunidades llevan varios días en conversaciones con la Alcaldía y otras instancias del Gobierno para llegar a un acuerdo para lograr una solución a la precaria situación que se encuentran, ya que viven entre carpas de plástico, sobreviven a base de donaciones de alimentos y ropa y se están enfrentando a las abundantes lluvias de la ciudad.
“Estamos acá porque las instituciones hicieron unos compromisos que no se han cumplido, a raíz de eso, para que el Gobierno nos cumpla, tiene que ser a través de marchas, de minga (la forma de manifestación indígena) o de protestas”, aseguró este viernes a Efe Julio Mecheche, uno de los líderes de una de las comunidades.
El parque, uno de los más céntricos y grandes de la capital, está inundado de niños y niñas que en pijama o disfrazados de súperman juegan con juguetes donados y madres que amamantan a sus bebés recién nacidos.
Llevan allí desde principios de octubre, después de haber sido desplazados de sus zonas de origen, la mayoría en resguardos indígenas de la convulsa región del Chocó, en el Pacífico colombiano.
Ariel Duabes, por ejemplo, llegó con su mujer y sus tres hijas, incluido un bebé de un año a Bogotá, después de huir de las amenazas que acechaban a su comunidad por parte de los paramilitares en el Chocó.
Al principio vivían en Ciudad Bolívar, uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, en una casa de arriendo, pero “el Gobierno no cumplió con sus obligaciones” y desde hace 19 días acampan en una del centenar de carpas con toldos negros que hay en el parque.
Durante la primera mitad de año, se han producido 102 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 44.290 personas de más de 15.000 familias, y también 68 eventos de confinamiento, que afectaron a 36.101 personas en 192 comunidades.
Estos datos también son superiores y casi duplican los eventos registrados en el mismo periodo de 2020, y el 59 % de las víctimas fueron población de comunidades indígenas o afrodescendientes.
Por eso, según Mecheche, están “exigiendo al Gobierno nacional, a la Unidad Nacional de Víctimas (UNP) y a la Alcaldía, que nos garanticen el alojamiento, la alimentación, la salud, la educación”.
Ya que en muchos casos, como el de este padre y abuelo, las familias aún no pueden volver a sus territorios porque quienes les amenazaron y provocaron su huida siguen ahí.
“Me mataron un hermano y me querían matar a mí”, relató Macheche, quien pudo huir a Quibdó antes de que acabasen con su vida, y arrastró a cuatro hijos, varios de ellos con descendencia, a Bogotá en 2019.
A la espera de llegar a una solución o enfrentarse a un desalojo forzoso, las familias continúan su precaria rutina, mientras en el Parque Nacional se mezclan los llantos de bebés y la música en altavoces de canciones infantiles.
EFE
