El Comité de Víctimas Indirectas de la Justicia y la Verdad del caso de los 67 presos y dos visitas que murieron en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Carabobo el 28 de marzo de 2018, recibió la notificación de que resultó admitida la acusación particular propia completa contra los cinco funcionarios policiales imputados.
La información la suministró a la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) la abogada Lyli López, representante del mencionado comité, quien sostuvo que la juez del Tribunal Cuarto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Melissa Filomena De Sousa, notificó en horas de la mañana de este martes 30 de noviembre de 2021.
López explicó que, aunque la acusación presentada por el Comité de Víctimas quedó admitida de forma total, no así la del Ministerio Público, que se admitió parcialmente. También destacó, que ahora están a la espera de la distribución del expediente para la apertura del juicio contra los ahora exfuncionarios de la Policía de Carabobo José Luis Rodríguez Ramírez, José Antonio Carrera Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.
Los cinco quedaron imputados por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por medio de incendio en grado de coautoría, homicidio calificado por medio de incendio en grado de complicidad necesaria y el delito de corrupción propia, adujo López.
Manifestó sentirse satisfecha porque “se sentó precedente”. La representante del Comité de víctimas afirmó que tiene cualidad penal para actuar en defensa de los derechos humanos.
Larga lucha de cuatro años
Destaca que ha sido una larga lucha a lo largo de estos casi cuatro años en la defensa de los derechos humanos de las víctimas indirectas: “Se trata de un hecho histórico e inédito para la justicia venezolana en materia de derechos humanos, porque logramos el reconocimiento con la cualidad de víctimas al Comité de Víctimas. Nos admitieron en forma total las acusaciones completas porque quedó evidenciado que se cometió crimen de lesa humanidad previsto y sancionado en el Estatuto de Roma”.
Aseguró que ahora siguen a la espera de la apertura de juicio, que se distribuya el expediente para entonces acudir al Tribunal de Juicio “para lograr la condena total de estos criminales. También seguimos exigiendo al Ministerio Público las órdenes de aprehensión para los que participaron que quedó evidenciado a través de la declaración de uno de los funcionarios en la audiencia preliminar”.
Le hizo un exhorto al MP para que se esclarezcan los hechos de la desaparición forzada de los dos occisos cuyos familiares reclaman los cuerpos. Los familiares de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda sufren el más fuerte dolor sin tener información de sus cadáveres”.
La abogada López concluyó que los artículos 29 y 30 de la Constitución Nacional obligan al Estado a investigar y sancionar los delitos y crímenes de lesa humanidad, además de la indemnización a las víctimas. Estamos dando los pasos para que se logre la justicia total en este caso de multiplicidad de víctimas que enlutó a más de 69 familias en el estado Carabobo”.
Nota de prensa.
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