as fuerzas militares venezolanas circunscriben el derribo de aviones en sus operaciones contra el narcotráfico. Los voceros del madurismo aseguran que cuentan con un “poderoso” sistema de defensa antiaérea de fabricación rusa.
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Un comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó esta semana de la destrucción de un “avión invasor” proveniente de Colombia, el cuarto en cuatro días. La aeronave violó el espacio aéreo venezolano, dijo el comandante.
“La FANB garantizará la integridad de nuestro espacio soberano mediante la defensa militar”, advirtió el alto oficial. “Será erradicada hasta la mínima expresión la invasión ilegal y el tráfico de drogas”.
Inutilizar o derribar aeronaves usadas para el narcotráfico es una práctica militar fundamentada en un protocolo legal y bastante común en Latinoamérica.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela realiza esos operativos con opacidad, aseguran expertos, a la vez que los mismos le sirven para hacer alarde de su capacidad militar.
Los funcionarios y militares venezolanos hablan frecuentemente de “neutralización” de aeronaves sin precisar si fueron derribadas en el aire o inutilizadas en tierra.
Los protocolos de “interceptación, persuasión o inutilización” de aeronaves en Venezuela se ejecutan sin que el Estado aporte suficiente información, dijo a la Voz de América Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada.
“La política de derribos, inutilización, captura de alijos en barco o avionetas y detención de narcopilotos sigue siendo opaca”, agregó.
El ejército venezolano ha abatido 22 aviones en lo que va de este año y 300 en la última década bajo el amparo de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, promulgada en 2012 por el fallecido presidente Hugo Chávez, que permite al Estado derribar aviones que sobrevuelen Venezuela con fines ilícitos.
La ley establece que una aeronave podrá ser “objeto de medidas de interceptación, persuasión o inutilización” cuando “sea designada blanco de interés, por ser desconocida”, si incumple con normas de circulación aérea, no tiene signos de identificación ni plan de vuelo, o suministra datos falsos.
También podría ser derribado si se presume que “el vuelo atenta contra la soberanía nacional o su utilidad tenga conexión con actividades ilegales”, o “cuando la aeronave sea identificada hostil, por desacatar las medidas de interceptación o persuasión”.
El Comando Estratégico Operacional es el órgano oficial autorizado para decidir la interceptación, persuasión e inutilización de cualquier aeronave en el país.
Al amparo de la ley
Las leyes que permiten el derribo de aeronaves del narcotráfico no son atípicas en la región.
Las cifras que ofrece Venezuela de aeronaves inutilizadas es pequeña comparada con las de su vecino, Colombia, donde la Fuerza Aérea inutilizó 200 aviones presuntamente destinados al narcotráfico solamente en 2020, según reportes de medios locales.
Venezuela aprobó su ley antes que otras naciones, como Bolivia, Perú y Argentina. Ecuador impulsó un proyecto de ley de esa naturaleza apenas el año pasado.
En Argentina en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri publicó un decreto autorizando la neutralización de ese tipo de aviones. El peronismo, que suele ser cercano a las ideologías del gobierno de Maduro, lo criticó por tratarse de un “error institucional” y por establecer una “pena de muerte sin juicio”.
Según un dossier del Congreso de Argentina, siete países latinoamericanos tenían algún tipo de norma para esas operaciones, al menos hasta 2016: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú, Uruguay y Venezuela. De ellos, Perú, Honduras y Colombia tienen las normativas al respecto de más vieja data.
Venezuela hace alarde de su «poderoso» sistema de defensa
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, conocida como Ceofanb, ha asegurado en comunicados oficiales que cuenta con “un poderoso sistema de defensa aeroespacial” para impedir que grupos o personas que representen una “amenaza externa” ingresen al país.
Si bien el gobierno venezolano no acostumbra a dar detalles de la ubicación o disposición de sus recursos militares, los funcionarios venezolanos suelen hacer alarde de sus ataques contra grupos criminales extranjeros que han apodado “tancol”: terroristas armados narcotraficantes colombianos, y a menudo ofrecen pistas de aeropuertos clandestinos, campamentos, laboratorios y aeronaves del narcotráfico.
En junio, tanto Maduro como el comandante del Ceofanb celebraron que Venezuela destruyó 257 “estructuras” del narcotráfico y el “terrorismo” en los primeros cinco meses de este año, entre ellas laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas.
En septiembre pasado, el presidente estadounidense Joe Biden remitió un memorando al Departamento de Estado donde advierte que Venezuela ha hecho poco o nada en sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico.
La cancillería de Maduro repudió las acusaciones de la Casa Blanca. El gobierno venezolano asegura, por el contrario, que decomisó 51,47 toneladas de drogas en 2021, su mayor cifra en 10 años. También reportó el mes pasado que ha incautado 22 toneladas de drogas en el primer semestre de 2022, una cifra mayor para el mismo período del año pasado.
Tanto Maduro como el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, han advertido de presuntas intenciones de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia de agredirlos militarmente.
Sistemas antiaéreos rusos en Venezuela
Gobiernos opuestos al chavismo en la región y expertos independientes advirtieron durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) y también en los primeros años de la administración de Maduro, a partir de 2013, sobre una carrera armamentista de Caracas, con Rusia como principal proveedor.
Esas compras incluyeron sistemas antiaéreos muy sofisticados, como el S-300 VM Antey-2500. Ese armamento tiene capacidad de abatir blancos aéreos como misiles balísticos y crucero o aeronaves, en un radio de 200 kilómetros y hasta 30.000 metros de altitud, según un informe de la asociación civil venezolana Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada.
De esas contrataciones y despliegues, poco se sabe, pues la Asamblea Nacional, entonces de mayoría chavista, decretó la confidencialidad de los acuerdos militares con Rusia y Bielorrusia.
Sí se conoció por voceros de los gobiernos de Chávez y Maduro que esos contratos incluyen la formación de decenas de cadetes venezolanos en Rusia para poder operar y reparar esos sistemas de defensas antiaéreas.
Funcionarios del gobierno ruso dijeron hace nueve años que Venezuela había comenzado a conformar su defensa antiaérea con los S-300, con cañones antiaéreos ZU-23 y los sistemas de misiles Buk-2M y Pechora-2M.
El canciller ruso Serguéi Lavrov, hoy todavía en el cargo, dijo a inicios de 2020 tras visitar Caracas que ambos países ampliarían su cooperación técnico militar para “incrementar la capacidad de defensa” ante posibles amenazas armadas.
Los opositores al chavismo tanto dentro como fuera de Venezuela acusan a los presidentes Chávez y Maduro de haber amparado desde principios del siglo XXI a grupos guerrilleros y delincuenciales extranjeros en territorio venezolano.
El gobierno interino del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por 50 naciones, acusa frecuentemente a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico a cambio de protección y dinero.
