Fue restituido terreno propiedad de adulta mayor en Ciudad Guayana
Por apropiación indebida del terreno de sexagenaria fue desinstalado un quiosco que por más de tres años estuvo sin permiso en la carrera Upata del centro de Puerto Ordaz.
Sucesión exacta del caso
El terreno donde estaba ubicado el quiosco forma parte de la propiedad de la familia Morillo desde la década de los años 60, tal y como consta en documentación legal y planos originales de esa época que fueron consignados ante el Ministerio Público de Puerto Ordaz.
La primera vez que hubo una estructura en esa zona, propiedad privada de la familia antes mencionada, fue en el año 2002 cuando el señor Sigifredo Sepúlveda, quien vivía cerca, pidió autorización para poner un quiosco para vender lotería, que luego pasó a ser una venta de comida. Sin embargo, este señor murió, por lo cual la estructura quedó libre y cerrada por un tiempo.
En el año 2013 hasta el 2017, un comerciante de origen portugués de apellido Vasconcelos, se acercó a la familia propietaria del terreno para pedir permiso para activar el quiosco y vender comida rápida en ese lugar, lo cual fue autorizado por escrito y además cancelaba alquiler y pagaba servicios básicos e impuestos correspondientes, sin embargo, de un momento a otro este señor se fue sin avisar y sin decir nada hizo un traspaso únicamente de la estructura del quiosco a personas desconocidas, momento desde el cual comenzaron los problemas porque cada uno de los que compraba y volvía a comprar la estructura del quiosco alegaba que el terreno era de ellos, información que no es cierta. En esta situación particular, el quiosco fue lo que pasó a manos de un tercero de nombre Julián Lara Navarro, más no el terreno que hasta la fecha sigue siendo propiedad privada.
Las nuevas personas ocupantes del quiosco llegaron con una actitud muy violenta desde el principio de su estadía en el lugar. Tanto los últimos que estuvieron ocupándolo, como los anteriores que también se negaban a pagar alquiler por estar en un terreno ajeno, alegaban siempre que el terreno era de ellos, cosa que es falsa y está debidamente comprobada con documentos originales de propiedad del terreno.
Intento de mediación
Durante el año 2018, se apodera del quiosco un hombre de apellido Cedeño, con quien se intentó resolver el conflicto conversando pacíficamente, pero el señor Carlos Alberto Cedeño Rivero sacó un bate y amenazó de muerte a la propietaria del terreno, diciéndole que “si no le daba él una paliza, entonces, para que no lo metieran preso, iba a mandar a una mujer de su barrio a matarla a golpes”, situación que está expresamente denunciada ante el Ministerio Público de Puerto Ordaz.
La sexagenaria hizo las denuncias correspondientes por violencia basada en género en el año 2020, siendo imputado el agresor específicamente por violencia psicológica en el año 2023, asimismo fue denunciado por apropiación indebida de un terreno que no pertenece al señor Carlos Alberto Cedeño Rivero durante el 2022.
Lo único que le pertenece al señor Cedeño Rivero es el quiosco, el cual se le pidió pacíficamente tanto personalmente como ante el Ministerio Público, que quitara del terreno que no es de su propiedad.
Es por eso que sus familiares dicen en redes sociales que son propietarios, lo cual es una verdad a medias, ya que únicamente les pertenece es el quiosco que les fue presuntamente vendido por Yen Julián Lara Navarro.
El documento que presenta la esposa del señor Carlos Alberto Cedeño Rivero en un video publicado a través de la cuenta en Instagram: @dnpernia, es de la compra del quiosco, más no del terreno donde estaba ubicada la estructura del mismo.
Por lo cual están en todo su derecho de llevarse la estructura del lugar, petición que se les hizo pacíficamente en reiteradas oportunidades, pero Cedeño se negó a acceder aún sabiendo que su quiosco estaba en una propiedad que no le pertenece.
Crónica de la violencia anunciada
La actitud del señor Carlos Alberto Cedeño Rivero y su familia siempre ha sido agresiva contra la propietaria del terreno, por lo cual se pidió protección y medida de alejamiento debido a que cada vez que veía a la víctima la hostigaba haciéndole señas de que la iba a matar, tomándole fotos y vídeos, junto a una joven que es aún más violenta que el señor Cedeño Rivero.
Durante el proceso de desalojo del quiosco, autoridades permitieron que Cedeño y su familia sacaran todas sus pertenencias del mismo, tales como: mobiliarios, neveras, cilindro de gas, entre otros; cabe destacar que representantes de las fiscalías acompañados por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) estuvieron presentes coordinando la medida de desalojo de manera pacífica como corresponde, sin embargo, el señor Carlos Alberto Cedeño Rivero tuvo actitud agresiva en todo momento, motivo por el cual se lo llevaron detenido durante el fin de semana, pero ya fue puesto en libertad bajo régimen de presentación.
A Cedeño lo llevan detenido por faltar el respeto a la autoridad y boicotear en el procedimiento que se estaba llevando de forma pacífica la noche del jueves 29 de junio de 2023. Su actitud negativa tuvo consecuencias, ya que al momento de llevar a cabo el procedimiento los funcionarios se dieron cuenta de que era verdad la denuncia y la advertencia sobre el comportamiento hostil de Carlos Alberto Cedeño Rivero. Esta situación fue reseñada en la cuenta de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) en Instagram: @DipBolivar
No fue un proceso rápido
Personas allegadas a Cedeño Rivero, alegan que fue un procedimiento exprés y por capricho para perjudicar al invasor, pero lo cierto es que contrario a lo que ellos expresan, fue un proceso que se llevó a cabo muy lentamente por tres años ante el Ministerio Público de Puerto Ordaz, donde se agotaron todas las instancias legales posibles y motivo por el cual la propietaria decidió hacer público el caso para solicitar celeridad en la resolución de este conflicto que no solo le afectó su salud física y emocional sino también económicamente, información personal que también consta con sus respaldos ante el Ministerio Público.
Desde el momento del desalojo y desmantelamiento del quiosco en la carrera Upata, familiares y allegados del señor Carlos Alberto Cedeño Rivero, comenzaron una campaña de desprestigio a través de Instagram contra la propietaria del terreno y su familia, valiéndose de manipulación de información a su favor para hacer creer a la opinión pública que ellos son inocentes de la apropiación indebida del terreno.
Preocupa que familiares, amigos y conocidos de Carlos Alberto Cedeño Rivero desprestigien y hostiguen a la propietaria del terreno y a su abogado, a la periodista que republicó la nota de la policía en y al medio digital en Instagram: @Realidades.2020 que únicamente ofreció la información precisa de lo sucedido. Lo cual está previsto y permitido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que respecta a la libertad de expresión y derecho a la información, en la Ley de Ejercicio del Periodismo en Venezuela y en el Reglamento Interno del Colegio Nacional de Periodistas.
Hay que recordar que la legislación venezolana respalda a todos los ciudadanos nacionales o extranjeros para que puedan expresarse libremente a través de los medios de comunicación social, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las Leyes.
Cada periodista concibe la libertad de expresión como un factor de la elevación espiritual, moral y material del ser humano. En consecuencia, se debe denunciar como fraudulento invocar este principio para justificar intereses mercantiles, ideológicos o sensacionalistas para convalidar tergiversaciones del mensaje informativo tal y como lo están haciendo los familiares de Carlos Alberto Cedeño Rivero en redes sociales.
Ante lo acontecido, la propietaria del terreno agradece al Fiscal Superior de estado Bolívar, Abog. Luis Alfredo Roa Reyes; al Fiscal Provisorio de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, Abog. Marcos Gabriel Ron Córdova; al Fiscal Provisorio de la Fiscalía Cuarta, Abog. Julio García; a la Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Primera, Abog. María José Osuna; al Fiscal Décimo Sexto y finalmente al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, el abogado Tarek William Saab.
