Una vez más, el régimen de Nicolás Maduro se ubica bajo el radar antidrogas de las autoridades estadounidenses.
Por Carolina Valladares / vozdeamerica.com
Según un memorándum del presidente Joe Biden remitido al Departamento de Estado, el pasado 15 de septiembre, en los últimos 12 meses, tanto Venezuela como Bolivia habrían hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con el informe, que se emite anualmente, Maduro, así como Luis Arce, no habrían tomado las medidas requeridas por las disposiciones de la Ley de Asistencia Exterior de Estados. Asimismo, ratifica a Venezuela y Bolivia como naciones productoras y de tránsito de drogas hacia Estados Unidos.
“Por la presente designo a Bolivia y Venezuela como países que han fracasado de forma demostrable en realizar esfuerzos sustanciales durante los 12 meses anteriores para (…) adherirse a sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas”, dijo Biden en el memorándum
Mientras tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de un comunicado emitido por la Cancillería, negó las acusaciones.
“Vale recordar que Venezuela cumple estrictamente con lo establecido en las convenciones de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”, reza el texto.
“Esto sencillamente, no es más que una ratificación de los temas que se conocen de la participación de Venezuela en los temas de narcotráfico”. “Hay un indictment precisamente por la participación del régimen en varias actividades ilícitas, pero en especial en el tema del narcotráfico”, dijo a la Voz de América el investigador criminal y analista de inteligencia Iván Simonovis.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció formalmente a Nicolás Maduro como líder del Cartel de los Soles, ofreciendo 15 millones de dólares por su captura.
En el escrito de acusación, en el que también figuran otras caras visibles del Gobierno venezolano, la fiscalía describe al cartel como una organización de tráfico de drogas integrada por altos funcionarios de los aparatos militar, legislativo, judicial y de inteligencia de Venezuela.
“Ellos nunca van a colaborar porque mucha de la ganancia de dinero viene del narcotráfico y eso es lo que más necesita Maduro para mantener el poder, porque así puede pagar a sus generales y a las fuerzas de seguridad que lo mantienen en el poder”, asegura Michael Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA, en entrevista con la VOA.
Sin embargo, más allá de Venezuela, el memorándum también señala a otros países del hemisferio como lugares de tránsito y/o producción de drogas con destino a Estados Unidos. Una lista negra en la que también figuran Panamá y Colombia.
“Resulta insólito, paradójicamente, que su principal socio y mandadero en la geopolítica mundial, el Gobierno de la República de Colombia sea el primer productor global de cocaína”, destaca el comunicado de la cancillería de Venezuela, que en su defensa pone el dedo acusador en el país vecino.
Según datos de Naciones Unidas, a pesar de que Colombia logró reducir un 7 por ciento las hectáreas de hoja de coca en 2020, hasta finales del pasado año seguía siendo el mayor productor y proveedor mundial de cocaína.
Video VOA
