Las violaciones del derecho a la libertad de expresión siguieron aumentando en octubre, mes que registró el número más elevado de casos en el año, con un total de 45 casos que se tradujeron en 103 violaciones a la libertad de expresión.
Octubre se caracterizó por el continuo asedio y ataque a los medios de comunicación, de los cuales las emisoras radiales fueron las principales víctimas. De acuerdo con nuestros registros, 35 emisoras fueron cerradas por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de un total de 37 medios violentados en el mes.
En total, documentamos 62 víctimas de violaciones a la libertad de expresión en octubre: 37 medios de comunicación (58,68 %), nueve reporteros/periodistas (14,52 %), ocho casos en los que se afectó a la ciudadanía en general (12,90 %), cuatro particulares (6,45 %), tres organizaciones no gubernamentales o sus miembros (4,84 %) y un reportero gráfico (1,61 %).
El Estado venezolano fue el principal victimario: el 63 % de las violaciones fueron ejecutadas por instituciones del Estado; 20,41 % por funcionarios públicos y 8,16 % por cuerpos de seguridad.
Los estados con más casos de violaciones a la libertad de expresión fueron Zulia (6), Táchira (4) y Aragua (3).
De acuerdo con nuestros registros, en octubre ocurrió el mayor cierre masivo de emisoras radiales de lo que va de año. En el último mes, Conatel ordenó el cese de transmisiones de 35 estaciones, un incremento de 34,6 % respecto a septiembre y 191 % respecto al número de emisoras cerradas entre enero y agosto de este año.
Otros medios también fueron afectados por medidas de Conatel. El 3 de octubre la emisora Sonora 107.7 FM suspendió el programa Frente al paredón, que conducía el periodista Moisés Reyes desde la ciudad de Araure, estado Portuguesa. El programa de opinión tenía más de 42 años de transmisión ininterrumpida y era también un espacio de denuncia ciudadana.
El locutor del programa afirma que Conatel amenazó con cerrar la emisora si no sacaban el programa de la parrilla de Sonora 107.7 FM.
Sin embargo, al día siguiente la gobernación del estado Lara, donde opera el canal, criticó la “acción irregular”, acusó al medio de desconocer la autoridad de Maduro como jefe de Estado y solicitó a Conatel investigar el hecho.
El inicio de este procedimiento administrativo da cuenta de la falta de separación de los poderes del Estado y de la respuesta inmediata de Conatel ante peticiones o comentarios de funcionarios.
En octubre registramos ocho actos de intimidación, seis de hostigamiento verbal, tres de amenaza y dos de hostigamiento judicial en contra, principalmente, de periodistas y medios de comunicación, y perpetrados en su mayoría por funcionarios públicos.
El concejal la insultó públicamente en su cuenta de Twitter y la activista republicó el ataque en sus redes personales. Posteriormente, y luego de que se hiciera viral el altercado, Millán borró el tuit y se disculpó públicamente.
Mardolei Prin, una de las periodistas que intentó ingresar a Las Tejerías tras ser declarada en emergencia, dijo el 10 de octubre que la GNB estaba exigiendo acreditaciones del Ministerio de Comunicación e Información (Minci) para dar cobertura en el lugar, un requisito que funciona como un bloqueo de los medios a la zona, evitando que se conozca qué sucede, más allá de la versión oficialista.
El oficial les indicó que no había paso porque, presuntamente, había maquinaria pesada en la carretera; sin embargo, en videos difundidos se observaba el paso de vehículos particulares y autobuses por el lugar. Ante las dificultades y obstáculos para obtener información oportuna del desastre, las reporteras buscaron otras vías alternas para acceder a Las Tejerías.
El titular en cuestión, aseguró el director del portal, Gabriel Bastidas, se refería a que la Fiscalía iba a “sancionar” a la persona que celebró el cumpleaños, utilizando comillas. De acuerdo con las leyes venezolanas, el Ministerio Público se encarga de investigar los delitos; las sanciones las debe aplicar el poder judicial, previa investigación.
Una supuesta funcionaria, identificada como personal de prensa, la acusó de violar “los canales regulares de comunicación” porque debía pedir autorización para realizar cualquier actividad en el hospital. Además, le dijo que no le darían ninguna información porque “La Verdad está vetado del hospital” y sus reporteros tienen prohibida la entrada.
El 4 de octubre los proveedores de internet Gold Data, Inter, Movilnet y Cantv presentaron fallas de manera simultánea, afectando a gran parte del país con una caída que se prolongó durante una hora y 40 minutos.
Del 8 al 9 de octubre Ve Sin Filtro reportó tres caídas de conectividad motivadas por fallas eléctricas y de ISP (proveedor de servicios de internet, por sus siglas en inglés).
El 9 de octubre se reportó un corte de fibra óptica en las empresas Cantv, Net Uno, Fibex, Inter, Digitel y Movistar. La falla redujo la conectividad a nivel nacional hasta 83 % de sus valores normales. Ese día también se registró una falla en el estado Carabobo, que duró más de cinco horas.
El 12 de octubre la empresa estatal Cantv informó que la región Guayana y los estados Sucre y Monagas fueron afectadas por “un corte de fibra óptica ocasionado por vandalismo”. Al día siguiente, reportó otro corte en el estado Zulia.
El 20 de octubre hubo una caída que duró cerca de cuatro horas en el estado Táchira. La falla fue producida por bajones de electricidad en la región.
Otro bajón generó una falla de internet el 23 de octubre y afectó, principalmente, a estados de la región andina del país: Táchira (conectividad a 67 % de sus valores normales), Barinas (77 %), Trujillo (85 %), Mérida (86 %) y Lara (92 %).
Un apagón en el estado Carabobo afectó la conexión a internet en la entidad y redujo su conectividad a 72 % de sus valores normales el 26 de octubre.
Ve Sin Filtro detectó una caída de conectividad al oriente del país el 27 de octubre, que inició en los estados Bolívar y Monagas, pero que después se expandió hasta Nueva Esparta y Sucre. La falla fue causada por un corte de fibra óptica y duró más de siete horas.
