La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Anual 2022 que contiene un panorama general de la situación de derechos humanos en Venezuela y otros países de la región, observados a través del monitoreo realizado durante el 2022.
En el mencionado informe, la Comisión manifiesta su preocupación por la persistencia de altos niveles de impunidad y corrupción en caso de violaciones a los derechos humanos en la región, con graves efectos como el debilitamiento de la confianza en las instituciones gubernamentales.
«En cuanto a la situación de grupos en particular situación discriminación, exclusión y/o vulnerabilidad, la CIDH observó con especial preocupación que una población que se vio especialmente afectada son las personas privadas de libertad, debido a la crisis carcelaria dada por graves condiciones de detención, hacinamiento y uso excesivo de la prisión preventiva; abandono estatal del sistema penitenciario; y ausencia de políticas criminales con enfoque en derechos humanos», revela el informe.
En el caso particular de Venezuela, desde hace 18 años ha sido incluida ininterrumpidamente en el Capítulo IV de los informes anuales de la CIDH, que sería la lista negra de países violadores de derechos humanos de la región, lo que refleja la falta de voluntad del Estado venezolano para cumplir con las recomendaciones y el incumplimiento de la Convención Americana.
En estos documentos se reflejan patrones de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en situación de pobreza, desapariciones forzadas y torturas en contextos de privación de la libertad.
Del mismo modo, se documentan detenciones arbitrarias de personas que hacen público su disenso con el gobierno, restricciones indebidas a la libertad de expresión y actos de persecución contra las personas y organizaciones que defienden derechos humanos.
Sobre personas privadas de libertad
«La situación de las personas privadas de libertad en Venezuela se presenta como una de las más graves en la región. Esta se caracteriza principalmente por una falta de estadísticas oficiales actualizadas, dualidad de sistemas penitenciarios, hacinamiento y empleo excesivo de la prisión preventiva. Además, se presentan actos de corrupción tanto en las prisiones como en los centros de detención policial, y se registra la falta de control efectivo de las cárceles por parte de las autoridades, lo cual deriva en la existencia e sistemas de “autogobierno” así como favorece la existencia de violencia intracarcelaria», sentencia la CIDH en su informe.
Asimismo, refiere que uno de los principales desafíos que obstaculizan la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela es la existencia de una dualidad de sistemas penitenciarios. Uno oficial, que a marzo de 2022 alojaba a 32.200 personas en 52 centros de reclusión – 35 masculinos, una cárcel
de mujeres y 16 anexo femeninos – a cargo del Ministerio de Servicio Penitenciario, y otro paralelo, compuesto de aproximadamente 500 espacios de detención preventiva , que a la misma fecha albergaría a 35.000 personas.
En tanto, denuncian que la Comisión no pudo acceder a datos oficiales sobre la población privada de la libertad en el 2022. No obstante, reitera la extrema gravedad de esta situación puesto que, según datos de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), «varias personas permanecen en espacios de detención preventiva durante años, a pesar de que los mismos no están adecuados para alojar personas por más de 48 horas».
Hacinamiento y descongestionamiento fallido
En otro orden de ideas, la CIDH refiere que a pesar de la creación de la Comisión para la Reforma del Poder Judicial y algunas acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para descongestionar los calabozos policiales, sin que se conozca la cantidad de personas beneficiadas, el hacinamiento continúa siendo el pan de cada día.
«A pesar de estas medidas, los centros de detención venezolanos continúan presentando sobrepoblación. De acuerdo con información de organizaciones de la sociedad civil, a marzo de 2022, la ocupación carcelaria era de 32.200 personas, mientras que la capacidad de las instalaciones penitenciarias es de 20.438 personas», dice en el informe.
Según la CIDH, una situación que contribuye al hacinamiento es el uso excesivo de la prisión preventiva. Del total de personas detenidas en centros penitenciarios, el 53% se encuentran sujetas a prisión preventiva.
Los mismos datos indican que el uso excesivo de la prisión preventiva deriva principalmente de la falta de juzgamiento en plazo razonable causado por el retardo procesal, que sería del 70% aproximadamente.
Corrupción tras los barrotes y «pranes»
«Otro obstáculo para el respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad es la existencia de actos de corrupción al interior de las cárceles y los centros de detención policial. De acuerdo con denuncias públicas, las personas detenidas son obligadas a abonar sumas de dinero para acceder a alimentos, los cuales son revendidos por el personal penitenciario; agua potable; artículos de aseo personal, visitas conyugales; visitas de niñas y niños; y traslados a tribunales u hospitales.
Tal como lo ha denunciado OVP en múltiples ocasiones, la CIDH refleja en su informe que los presos deben pagar entre 5 y 50 dólares semanales por una protección denominada “causa” que garantiza la protección de su vida e integridad personal.
«En este caso, la falta de pago podría derivar en que las personas sean sometidas a actos tortura o incluso víctimas de homicidio. Dichos actos serían cometidos tanto por personal penitenciario como por funcionarios judiciales». A esto hay que sumarle la impunidad con la que actúan los «pranes», quienes además de cobrar la «causa», hacen y deshacen ante la mirada inerte del Estado venezolano.
Esta situación refleja la falta de control efectivo de los centros de detención y las prisiones por parte del Estado. «Algunos centros penitenciarios continúan siendo controlados totalmente por las personas privadas de libertad, quienes han organizado un autogobierno con escalafones de labores dirigidos por líderes denominados “pranes”, y toman decisiones vinculadas, por ejemplo, con los traslados, custodia y alimentación, entre otras. Esta situación afectaría al 59% de la población recluida, así como al personal penitenciario», revela el informe de la CIDH.
Protestas de los presos reflejadas en comunicaciones del OVP
Citando informaciones y posteriores comunicaciones formales del Observatorio Venezolano de Prisiones, la CIDH reseñó en su informe que en el 2022 hubo varios incidentes que demuestran la falta de control efectivo.
El 1 de mayo se dio un motín en el Centro de Coordinación Policial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Carabobo, motivado por el fallecimiento de una persona detenida y el reclamo ante malas condiciones de detención.
El 30 de mayo hubo un motín en el Centro Penitenciario de Oriente, ubicado en Maturín (Monagas), que resultó en la muerte de dos personas privadas de libertad; mientras que el 1 de julio tuvo lugar un enfrentamiento en la sede de la PNB de Guanare.
Salud y alimentación
«Las condiciones de detención continúan siendo críticas, presentando riesgos a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad. Dichas condiciones se caracterizan principalmente por atención médica negligente y dificultades en el acceso a alimentación y al agua potable y a medicamentos, los cuales tienen que ser suministrados por los familiares», dice en el informe. Asimismo, la CIDH manifiesta que en cuanto a las dificultades en el acceso a alimentación, según datos recibidos durante audiencia pública realizada en el ámbito del 183 Período de Sesiones, la desnutrición se presenta como la primera causa de muerte en detención.
«En particular, desde 2017 hasta enero 2022, la desnutrición ha provocado el fallecimiento de 399 personas detenidas en centros penitenciarios. Además, cerca del 70% de la población carcelaria presentaría desnutrición».
Mujeres vulneradas
Según la CIDH, «las mujeres continúan enfrentándose a condiciones de detención caracterizadas por falta de infraestructura que responda a sus necesidades, ausencia de atención de su salud sexual y reproductiva, y falta de provisión de elementos de higiene».
Además, al igual que ha ocurrido en años anteriores, durante el 2022 se registraron actos de violencia sexual en perjuicio de mujeres privadas de libertad, tanto por parte de
funcionarios como de otros hombres encarcelados.
De manera particular, en el caso de las mujeres, la CIDH documentó que incluso son forzadas a actos de violencia sexual para acceder a alimentos.»La Comisión reitera su preocupación por las condiciones de detención que caracterizan las cárceles venezolanas y los riesgos particulares que enfrenta las mujeres y las personas con discapacidad o enfermedades».
Finalmente y ante todo lo anteriormente expuesto, La CIDH concluyó que el uso excesivo de la prisión preventiva, la dualidad del sistema penitenciario, la corrupción y la falta de control sobre las prisiones constituyen problemas recurrentes que impiden el diseño de soluciones efectivas para mejorar la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela.
