El Gobierno de Venezuela tildó de “falaz” y “tendencioso” el último informe publicado por la ONU sobre el país, el pasado jueves e insistió en que tiene un “armonioso sistema constitucional en defensa y garantía de los derechos humanos”.
El Ministerio de Exteriores venezolano, a través de un comunicado, criticó que el informe es resultado del impulso de “un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violaciones de Derechos Humanos”, que se aliaron para “satisfacer la política de ‘cambio de régimen’ impulsada por Estados Unidos”.
Además, señaló como “especialmente preocupante” que el informe tenga “su sustento en información brindada por particulares con motivaciones desconocidas y que no ha sido debidamente contrastada con las autoridades”, a pesar de “las amplias facilidades que el Gobierno venezolano ha brindado para el desempeño de sus funciones en el territorio nacional”.
Para Caracas, el informe omite mencionar que “en cada una de las 26 visitas realizadas a centros de detención y sedes de organismos de inteligencia, la Oficina de la Alta Comisionada ha podido entrevistarse con centenares de personas privadas de libertad, conforme a sus propias pautas de actuación”, que habrían “confirmado el pleno respeto a su integridad personal en los establecimientos donde permanecen recluidos”.
“Canales de comunicación y diálogo”
En el escrito de Exteriores, el Gobierno señaló que solicitaron a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que comparta información con las autoridades sobre “los supuestos casos referidos en el informe”, para poder abrir una investigación y “determinar su veracidad”.
Por último, ratificó la voluntad del Gobierno de mantener “canales de comunicación y diálogo” con la oficina de Bachelet sobre “la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no politización, respeto a la soberanía y diálogo constructivo sin agendas geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios al derecho internacional”.
El informe de la oficina de Bachelet, publicado el jueves, exponía que Naciones Unidas ha continuado recibiendo “denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, así como informes “de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación”, a lo que agregaba que no tenía conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.
Seguir leyendo en el medio que originalmente publicó la noticia
