Una Ventana a la Libertad continúa investigando las condiciones de reclusión de los y las privadas de libertad en Venezuela y es por ello que en esta oportunidad presenta un audiovisual sobre la situación que atraviesan los indígenas cuando son llevados a prisión preventiva después de cometer un delito penal.
En el material, denominado “Indígenas en prisión: Cuando el gentilicio empeora la situación”, se explica que en los 7 estados con población indígena (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre y Zulia), no hay, por ejemplo, centros de detención preventiva especiales para recluir a los integrantes de los pueblos originarios.
Los indígenas, al igual que el resto de la población penal, sufren los embates del hacinamiento, la falta de atención médica, la corrupción, el retardo procesal y la mala alimentación.
De acuerdo a lo expresado por el abogado Olnar Ortiz, activista de derechos humanos, no existen cifras oficiales sobre cuántos indígenas están privados de libertad.
El jurista agregó que ante la ausencia de centros de detención preventiva, por ejemplo, en el estado Amazonas, los indígenas son trasladados a otras regiones y esto los aleja de sus familiares y de la posibilidad de recibir alimentos, medicinas y productos de aseo personal.
La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en el año 2005, establece que al indígena, estando en prisión, se le deben respetar sus costumbres y tradiciones.
El abogado Olnar Ortiz explicó que a pesar de existir un marco legal sobre el tema no se ha logrado vincular la cultura de las etnias indígenas con el sistema de justicia venezolano, por lo tanto, se siguen cometiendo diversas irregularidades en estos procesos.
“Es una deuda que debe ser solventada en corto tiempo”, dijo el jurista que además es de la etnia Bare del estado Amazonas.
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