Jamás había vivido algo similar en sus 45 años de ejercicio docente. Léster Rodríguez Herrera, profesor y exrector de la Universidad de Los Andes, está estupefacto ante el “retraso más grande” que ha visto del pago del bono vacacional de miles de profesores, empleados y obreros de esas casas de estudio en Venezuela.
“El gobierno aprieta el cuello a los universitarios”, manifiesta a la Voz de América, tan preocupado como molesto por la demora de los depósitos de salarios y bonificaciones del período de descanso de las universidades dependientes del Estado.
Según la ley y los convenios contractuales, esos pagos deben concretarse en los primeros 15 días del tiempo de descanso, hoy ya superados. Sindicalistas advirtieron que el régimen de Nicolás Maduro pactó otras reglas del juego salarial en reuniones excluyentes, empero.
Gremios universitarios denunciaron que el ministerio de Educación Superior acordó con una federación oficialista, a mediados de esta semana, la postergación de esos pagos e incluso el fraccionamiento de los bonos recreacionales del personal jubilado. Varios de sus voceros catalogaron esa reunión entre delegados del chavismo como un “miércoles negro”.
Según esas versiones, aún no confirmadas por el régimen de Maduro pero divulgadas mediante imágenes de las actas firmadas en ese encuentro de ministros, viceministros y sindicalistas leales al chavismo, un jubilado universitario en Venezuela recibiría 10 días de salario en agosto, otros tantos en septiembre y octubre, y los 75 días restantes de su bono recreacional quedarían pendientes para el primer semestre de 2023.
Ese esquema y el retraso de los pagos es “inaceptable” para docentes como Rodríguez Herrera, dice, en un país donde la inflación anualizada supera los tres dígitos, el tipo de cambio sigue en aumento y el poder adquisitivo del empleado público es cada día menor.
“Se violan los derechos humanos de los empleados públicos. Si esto se deja pasar, ‘reivindicación que no se lucha, termina perdiéndose a la larga’”, apunta, llamando a los delegados sindicales de las universidades venezolanas a unirse para demandar sus pagos.
Este jueves, hubo protestas de profesores, obreros y empleados de universidades públicas y también de instituciones de educación básica y media para exigir al Estado que transfiera sus bonos y salarios de vacaciones, que en Venezuela se extienden de julio a septiembre.
Las autoridades y empleados de las universidades venezolanas denuncian desde hace 15 años que las administraciones de Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, luego, violaron sistemáticamente la autonomía constitucional de las casas de educación superior hasta arrebatarles sus competencias para asignarlas a instituciones del oficialismo.
Rodríguez Herrera reclama al Estado que entienda que el futuro de Venezuela no está en oficios como la venta de tortas, la atención en bodegones o en salones de pinturas de uñas. A su juicio, está en la educación, una que por los momentos vive “un control férreo”.
Para él y sus colegas, esta “semana negra” pasa a formar parte de una “descomposición acelerada y sostenida” de la contemporaneidad universitaria. “Es un episodio más”, dice.
“Burla” oficial
Las protestas de los universitarios se suman a las manifestaciones de calle de trabajadores del sector público contra una normativa que disminuye los porcentajes de primas salariales y establece el salario mínimo -de 130 bolívares o 21,6 dólares- como base de esos cálculos.
Los sindicalistas lo llaman “el instructivo ONAPRE”, porque su autor y ejecutor es la Oficina Nacional de Presupuesto del régimen de Maduro. Esas reglas han permitido derogar parcialmente varias cláusulas de los contratos colectivos de algunos sectores.
El poder ejecutivo “se burla” de los universitarios, según Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, una de las más antiguas del país.
Según la dirigente sindical, el Estado “da una estocada” al gremio universitario pactando con “una federación de maletín” a fin de evitar que cobren sus salarios y bonos a tiempo. Esos recursos, asegura en un audio divulgado, les urgen a los profesores del más alto nivel educativo en Venezuela para “tapar huecos sin resolver” en las necesidades de sus familias.
“Es una política de Estado, que está eliminando automáticamente la educación pública universitaria. Esta decisión arbitraria viola derechos laborales consagrados en documentos jurídicos. Nuevamente, es un atropello a los derechos humanos fundamentales como es el derecho a un trabajo con remuneración para no vivir en miseria”, denunció tras una masiva protesta de docentes en la avenida Bella Vista de Maracaibo, en el occidente del país.
“Robo y esclavitud”
Juan Guaidó, líder democrático al que 50 gobiernos reconocen como presidente interino de Venezuela desde 2019, acusó al chavismo de querer “invisibilizar” el descontento.
“Es claro que en dictadura no hay respeto a los contratos colectivos ni beneficios laborales. Es un momento para unificar la lucha de todos en una: por la democracia y la recuperación nacional. ¡Los derechos se exigen y defienden en las calles!”, escribió en Twitter, en un mensaje que acompañó con videos de las protestas de educadores en varios estados.
Las demandas en regiones como Zulia, Yaracuy, Bolívar y Caracas eran una especie de eco: la derogación del instructivo ONAPRE, el pago inmediato y completo del bono y salarios del período vacacional y la renuncia de las ministras maduristas del sector educativo.
En palabras del profesor José Gregorio Afonso, del gremio de la Universidad Central de Venezuela, el Estado debe cesar enseguida lo que tildó el jueves de “robo a mano armada”.
La retención de los pagos en el sector educativo es “una forma de esclavitud moderna” para el director del Observatorio de Universidades, Carlos Meléndez. Esas prácticas, dice, perjudican con acento particular a profesores ancianos que no tienen para comer tres veces al día, hacerse exámenes médicos de rutina o comprar permanentemente sus fármacos.
