El pasado 25 de mayo de 2022, ulandinos marcharon y consignaron escrito de denuncia ante la defensoría del pueblo en el municipio Libertador, estado Mérida. La actividad fue convocada por la Asociación de Profesores (APULA), el Sindicato de Profesionales Universitarios (SIPRULA) y la Asociación de Empleados (AEULA), además de la Federación de Profesionales Universitarios de Venezuela (FENASIPRUV).
El abogado Dionis Dávila, secretario general del SIPRULA y presidente de FENASIPRUV, leyó y entregó el documento al abogado José Rafael Bastos, defensor delegado del pueblo, contentivo de reclamos sobre desmejoras en las interescalas de las tablas salariales, primas de antigüedad, profesionalización, y por actividad universitaria, además de otros beneficios. El profesor Mario Bonucci Rossini, rector de la ULA, dijo que la lucha es por el desconocimiento de la importancia de las universidades para el país y por la restitución del estado de derecho.
A la par de esta actividad, se realizó una protesta nacional en la ciudad de Caracas[2],[3]. En esta se entregó un documento a representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, y al parecer este se comprometió a convocar a una reunión con las federaciones legítimas[4].
El llamado es a que el Estado venezolano cumpla con la Constitución Nacional (Arts. 89 y 91) y la Ley Orgánica del Trabajo (Art. 446), y proceda a restituir los derechos laborales de los universitarios a quienes se les ha cercenado su derecho a un nivel de vida adecuado.
