93 mujeres, adolescentes y niñas fueron víctimas de algún tipo de violencia por su género en los estados Mérida, Táchira y Trujillo durante los primeros seis meses de este 2022. La Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) registraron un total de 88 casos de violencia contra la mujer en la región andina en este período.
Mérida fue el estado con mayor cantidad de casos (50), seguido de Táchira (21) y Trujillo (17). Algunos de estos incluyen más de una víctima. De las 25 formas de violencia que establece la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en estos casos se cometieron 12: acoso u hostigamiento, acoso sexual, amenaza, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia laboral, violencia familiar, violencia patrimonial y económica, trata de mujeres, niñas y adolescentes, femicidio y femicidio en grado de frustración.
El registro de casos de violencia basada en género en la región andina que hacen ULA Mujer y el ODH-ULA es el resultado de un monitoreo diario de sitios web y redes sociales de medios de comunicación locales, regionales y nacionales, así como de cuentas personales en Twitter e Instagram de periodista de sucesos y cuentas de cuerpos policiales y de seguridad de la región.
Los comunicados y notas de prensa emitidos por fuentes oficiales aportan escasos datos sobre las detenciones por delitos contra la mujer. En la mayoría de los consultados por ULA Mujer y el ODH-ULA solo se describe que se trata de casos de violencia de género e incluyen datos de los victimarios, pero no siempre de las víctimas. Esto dificulta poder cuantificar por edad y tipo de violencia de género cometido.
Dos femicidios en Mérida
Entre enero y junio de este 2022, cinco mujeres fueron asesinadas en la región andina del país por violencia basada en género, mientras que otras dos sobrevivieron al intento de asesinato de su agresor. El asesinato o intento de asesinato contra mujeres por su condición de género son tipificados como femicidios o femicidios en grado de frustración en el artículo 73 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El femicida es definido en esa legislación como “quien intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer”.
Mairoby Tahiri Villarreal Díaz, de 20 años de edad, fue golpeada y asesinada con arma de fuego por Cristian Piero Rojas Parra, su expareja y padre de sus dos hijas, de 6 y 4 años de edad, ahora huérfanas de madre. Este femicidio se cometió la madrugada del primero de enero de 2022 en el sector Los Curos, municipio Libertador del estado Mérida. Según familiares de la víctima, el femicida la acosaba y maltrataba verbalmente desde que ella decidió separarse de él.
El 29 de enero la policía capturó a Eduardo José Puccini Parra, hermano del femicida, quien fungió como su cómplice. Puccini quedó privado de libertad y fue acusado por el delito de femicidio agravadoen grado de cooperador inmediato. Hasta la fecha, Cristian Rojas se encuentra prófugo de la justicia.
Adelaida Karina Rojas Saavedra, de 37 años de edad, fue estrangulada hasta la muerte por su pareja y padre de su hijo de 3 años edad. Este femicidio ocurrió entre el 24 y el 25 de enero de 2022 en la vivienda que la familia compartía, ubicada también en el sector Los Curos del municipio Libertador del estado Mérida. El femicida fue identificado como Carlos Alexander Rivas Peña, de 45 años de edad, quien se ahorcó tres días después en el mismo lugar de los hechos, dejando una carta donde confiesa su crimen. Bomberos de Mérida encontraron al infante junto a los cadáveres de sus progenitores el 27 de enero.
Táchira: dos femicidios consumados y dos frustrados
El 27 de febrero ocurrió un caso de doble femicidio frustrado en el municipio Torbes del estado Táchira. Luis Omar Patiño, sargento retirado de la Guardia Nacional, disparó contra su esposa Fanny Contreras, de 47 años, y contra su hija, Fanny Patiño, de 29 años, luego de que ambas le dijeran que lo iban a denunciar por abuso sexual. Las víctimas, que sobrevivieron al ataque, acusan a Luis Patiño de abuso sexual reiterado a su hija desde que ella tenía 14 años, llegando incluso a embarazarla. El niño fruto de ese abuso tiene 3 años de edad. El victimario se suicidó luego de que efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaran mediar para que se entregara.
Mariela Josefina Delgado Rivas, de 46 años, es la tercera víctima de femicidio en la región andina de este 2022. Fue asesinada con arma de fuego por su pareja el 28 de abril de 2022 en el municipio Fernández Feo del estado Táchira. Su femicida fue identificado como Nestor Javier Escobar Léon, de 64 años, quien se quitó la vida luego de cometer su crimen.
El 8 de junio de 2022, Sandy Araque, de 18 años, fue asesinada a golpes por otra mujer, presuntamente amante de la pareja de la víctima. Este crimen ocurrió en la casa de la suegra de Araque, ubicada en el sector Naranjales del municipio Fernández Feo del estado Táchira. Luis Sánchez, tío de la víctima, denunció a la prensa que el cuerpo de su sobrina tenía severas lesiones causadas por mordiscos en distintas partes.
Mujeres desaparecidas y fallas en el sistema judicial
Durante el primer semestre de 2022, un total de cinco mujeres fueron reportadas como desaparecidas en los estados Mérida (2), Táchira (2) y Trujillo (1). Pese a que en diciembre de 2021 la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la misma no incluye como delitos la desaparición ni la violencia vicaria. La tipificación del delito de desaparición es una deuda del Estado venezolano luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Linda Loaiza López Soto, dictada en 2018.
ULA Mujer y el ODH-ULA observaron que las mujeres víctimas de violencia de género son además, en la mayoría de los casos, víctimas de violaciones a su derecho a la justicia y la reparación por parte del Estado venezolano. Así lo evidencian el retardo procesal y la falta de preparación de jueces y fiscales en los casos llevados a juicio; la falta de conocimiento por parte de policías sobre la violencia de género, que los lleva a redactar minutas donde revictimizan a las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas; la falta de atención y asistencia oportuna a mujeres que denuncian violencia ante los organismos estatales pertinentes, así como la ausencia de investigaciones exhaustivas en casos de desapariciones que no pasan de simples averiguaciones.
Los Estados están en la obligación de velar por el cumplimiento de sus leyes y de los instrumentos internaciones de derechos humanos que firmaron. Venezuela está en deuda con las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), órgano de Naciones Unidas conformado por 23 expertos independientes en derechos de la mujer que supervisan la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
