Por: Voz de América / Associated Press
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito ha emitido una suspensión temporal del fallo de un tribunal inferior que limitaba la capacidad del gobierno de Estados Unidos para impugnar a las compañías de redes sociales por contenido controvertido difundido en sus plataformas.
Un tribunal federal de apelaciones ha suspendido temporalmente el fallo de un tribunal inferior que restringía la capacidad del gobierno de Estados Unidos para objetar a las empresas de redes sociales por contenido controvertido transmitido en sus plataformas.
El gobierno federal solicitó al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans que suspendiera la orden emitida por el juez federal Terry Doughty el 4 de julio. Doughty había rechazado previamente una solicitud para poner en pausa su fallo mientras se llevaba a cabo la apelación.
La nueva orden suspende el fallo de Doughty «hasta que el tribunal emita nuevas órdenes» y solicita fijar una fecha pronto para presentar argumentos.
La demanda, presentada el año pasado, alegaba que el gobierno estaba infringiendo la libertad de expresión al mencionar posibles medidas regulatorias que podrían presionar a las redes sociales para eliminar contenido considerado desinformación. La demanda abordaba temas como las vacunas contra el COVID-19, los problemas legales del hijo del presidente Joe Biden y las acusaciones de fraude electoral.
Doughty, nombrado por el expresidente Donald Trump, emitió una orden en la que explicaba sus razones en más de 160 páginas. Sostuvo que los demandantes probablemente ganarían su caso. Su orden prohibía al Departamento de Salud y Servicios Humanos, al FBI y a otras agencias gubernamentales «animar, presionar o provocar de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenido protegido por la libertad de expresión».
Los abogados del gobierno argumentaron que la orden era demasiado amplia y vaga, y que limitaba lo que los funcionarios podían decir en sus conversaciones con las empresas de redes sociales o en declaraciones públicas. Además, señalaron que la orden de Doughty representaba una amenaza «grave» a la seguridad pública al obstaculizar los esfuerzos del gobierno para combatir la desinformación.
Doughty rechazó la solicitud de suspender la orden por parte de la administración, afirmando: «Los demandados argumentan que la orden debe ser suspendida porque podría interferir en la capacidad del gobierno para seguir trabajando con las empresas de redes sociales para censurar el discurso público basado en puntos de vista. En otras palabras, el gobierno quiere que la orden sea suspendida para que pueda seguir violando la Primera Enmienda».
