Transparencia Venezuela, 10 de diciembre de 2023Durante sus casi dos décadas de historia, Transparencia Venezuela ha destinado buena parte de sus esfuerzos a evidenciar el vínculo que existe entre el patrón de gran corrupción instaurado en el país y la vulneración de los derechos humanos de los venezolanos, dentro y fuera de su territorio. Así, sus recientes informes sobre el escándalo de corrupción conocido como Pdvsa-Cripto y sobre las Economías Ilícitas, incluyen un análisis exhaustivo de los mecanismos empleados, actores que participan y estimación de los fondos comprometidos, así como el alcance de las redes criminales que operan en y desde Venezuela.
También ha mostrado el devastador impacto del desfalco del dinero público en la vida cotidiana de los ciudadanos, toda vez que los fondos desviados o comprometidos en estas tramas pudo invertirse para resolver necesidades perentorias como, por ejemplo, la recuperación y dotación del sistema de salud pública, construcción de escuelas y mejoras salariales al personal de salud y educación; mantenimiento del sistema eléctrico y recuperación de la industria petrolera y de la agroindustria nacional, entre otros.
La vulneración sistemática de los derechos económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales de los venezolanos, amparada en la opacidad y la impunidad, ha dado pie a que el Estado se encuentre desde hace años bajo el escrutinio de la comunidad internacional, en la que diferentes organismos han manifestado preocupación por el recurrente incumplimiento de los acuerdos y compromisos para garantizar la integridad y el bienestar de los ciudadanos, así como a las medidas de protección y recomendaciones emanadas de esas instancias.
A lo largo de 2023, Venezuela ha sido particularmente señalada en distintos foros donde se han ventilado muchos de los casos documentados y denunciados por organizaciones de la sociedad civil local, entre ellas Transparencia Venezuela, que ha planteado en esos escenarios que la corrupción sin precedentes que registra el país, sea reconocida como la principal causa de la Emergencia Humanitaria Compleja que padece la población y de la consecuente crisis de derechos humanos, que ha llevado a que más de 7,7 millones de connacionales estén regados por el mundo, según el más reciente registro de R4V, la Plataforma de Coordinación de Refugiados y Migrantes de Venezuela de Naciones Unidas.
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Triunfos amargos
El primer examen significativo que tuvo el gobierno venezolano fue en junio de este año, tras la visita del fiscal Karim Khan para instalar una oficina de cooperación en Caracas, y luego de varios recursos introducidos por la administración de Nicolás Maduro para detener el proceso que se le sigue a Venezuela en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI) ordenó avanzar en la investigación de las denuncias de graves vulneraciones de los derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir de crímenes de lesa humanidad, a pesar de los esfuerzos del gobierno por negar o minimizar los hechos y evadir su responsabilidad.
De acuerdo con el comunicado de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, Venezuela no está investigando los hechos denunciados por más de 8.000 víctimas de presuntas torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2014, en el marco de manifestaciones antigubernamentales. Esta decisión fue catalogada por algunas organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos, como una victoria para las víctimas que acudieron a esa instancia en busca de justicia.
Por otra parte, el 10 y 11 de octubre se llevó a cabo el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), donde el Comité de Derechos Humanos de la ONU corroboró el profundo deterioro institucional y la progresiva regresión democrática sufrida por Venezuela, con graves repercusiones en el respeto a las garantías fundamentales de la ciudadanía.
En esa instancia se evaluaron las medidas administrativas, legislativas y judiciales adoptadas por las autoridades nacionales para asegurar garantías como la igualdad, el derecho a ser juzgado por un juez natural o el acceso a la información pública. En el marco del examen, se fustigó el uso del marco legal para restringir los espacios cívicos y la falta de voluntad para investigar y sancionar la corrupción.
De igual modo, por primera vez Venezuela fue catalogada como el peor país en materia de derechos civiles y políticos, y se comparó la situación de derechos humanos con la de países como Cuba y Nicaragua. Así se desprende del informe publicado, el pasado 6 de diciembre, por la organización internacional Civicus Monitor, que por primera vez desde el inicio de la evaluación en 2018, catalogó a Venezuela como un país “cerrado”, la peor calificación para el respeto y reparación de los derechos humanos.
En el informe titulado El poder ciudadano bajo ataque 2023, que detalla las condiciones del espacio cívico en 198 naciones, se señala que en Venezuela queda poco espacio para que las personas ejerzan sus libertades fundamentales, debido a que las autoridades “siguen intentando asfixiar a la ciudadanía en un ambiente de hostilidad”.
Además, la organización afirma que en 2023 documentaron “cientos de agresiones” a defensores de los derechos humanos, así como nuevos proyectos legislativos que se suman al restrictivo marco legal existente, para limitar aún más los espacios cívicos y restringir el derecho a la asociación. El informe de Civicus Monitor menciona que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada para justificar decenas de violaciones de la libertad de expresión, desde persecuciones, amenazas y detenciones de quienes alzan la voz, hasta investigaciones a periodistas, intimidación, bloqueo y cierre de medios independientes.
En este contexto y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Transparencia Venezuela se une a las voces que expresan su preocupación por Venezuela, pero también hace un llamado a la acción para impulsar los cambios necesarios para que en este desolador escenario, donde la corrupción, la opacidad y la falta de controles e independencia de los poderes, van de la mano con violaciones y más incumplimientos del Estado venezolano en materia de derechos civiles y políticos, se dé paso a una Venezuela íntegra, de libertades, seguridad y progreso para las nuevas generaciones.
