Desde hace más de cinco años, jubilados, profesores, médicos, enfermeras y, en general, trabajadores del sector público, han tomado incesantemente las calles para exigir reivindicaciones laborales y salariales, pero denuncian que siguen sin obtener respuestas por parte del Estado.
El último aumento salarial decretado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue en marzo de 2022. En ese entonces, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares, el equivalente a unos 30 dólares mensuales a tasa oficial. Hoy, tras la abrupta devaluación del bolívar a finales del año pasado e inicios del 2023, escasamente sobrepasa los 5$.
En marzo, solo para adquirir la canasta alimentaria familiar, se necesitaban 98 salarios mínimos, es decir, unos 510,88 dólares de acuerdo a datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) ubican la inflación acumulada en 67,7 %, mientras que la inflación interanual en 501 %.
Desde que comenzó el año profesores del sector público han protagonizado masivas protestas en todo el país exigiendo salarios “dignos”. De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), de las 2.814 protestas documentadas durante el primer trimestre del año, 2.165 estuvieron orientadas a exigir derechos laborales.
“Trabajadores del sector educación realizaron al menos 1.714 protestas denunciando las precarias condiciones para trabajar en las instituciones educativas, lo cual incluye salarios insuficientes, infraestructuras deterioradas y violación de sus derechos básicos”, resalta un informe del OVCS divulgado la semana pasada.
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en “pocas horas” el presidente Nicolás Maduro haría anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo, pero quedó en promesa.
La semana pasada, el dirigente sindical y diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido de gobierno, Oswaldo Vera, en declaraciones a la emisora de radio local, Unión Radio, dijo estar convencido de que este 1 de mayo habrá “anuncios importantes” como ha sido tradición en el país y anunció que también estarán en las calles conmemorando la fecha.
Las expectativas de lideres sindicales, trabajadores, pensionados y jubilados ante un posible aumento salarial este 1 de mayo son bajas.
“El gobierno se ha encargado de matar cualquier expectativa que podamos tener. Esto no es una lucha de un día, es una lucha de años y siempre se han burlado de nosotros”, afirma Mauro Zambrano, coordinador de Red Sindical y dirigente sindical de Clínicas y Hospitales de Caracas, quien recuerda que persisten las fallas en cuanto a la dotación de suministros y medicinas en los centros hospitalarios públicos.
Luis Cano, miembro del Frente de Pensionados y Jubilados de Venezuela, añade que, en los últimos años, el gobierno no ha implementado una política que garantice a los trabajadores activos y jubilados poder “vivir dignamente” a pesar de estar consagrado en la Constitución.
“Es poco lo que esperamos. Es un gobierno que se ha dedicado de manera sistemática y continua a pulverizar el salario. En 2018, a través de una resolución pulverizó las conquistas que no habían costado 30 y 40 años de lucha”, manifiesta.
Griselda Sánchez, docente y presidenta de Fordisi, una organización dedicada a la formación del nuevo liderazgo sindical emergente, considera que la situación forma parte de un plan del gobierno para “acabar” con el sistema educativo del país.
“Quedó evidenciado que no son las sanciones lo que mantiene a este país así, es una política de Estado de crimen, que se pretende implementar una esclavitud moderna en Venezuela. Se robaron el dinero de los ciudadanos y se quedaron con las prestaciones sociales y el dinero de los trabajadores”, expone Sánchez a VOA.
El panorama está marcado por el escándalo de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) desvelado hace casi dos meses y del que aún se desconocen cifras precisas, pero, según la agencia Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21 mil millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios.
Además, de acuerdo al OVF, durante el primer trimestre del año la actividad económica del país registró una caída de 8,3% en comparación con el mismo período del año pasado.
En lugar de un aumento, el gobierno ha optado por pagar bonos a los trabajadores, pero son “insuficientes”, se dan ocasionalmente y no tienen “incidencia salarial”.
Sánchez, quien en reiteradas ocasiones ha denunciado las precarias condiciones de los centros educativos públicos del país y las necesidades que han llevado a un importante número de maestros a buscar otros oficios para garantizar su subsistencia, afirma que se trata de “bonos de hambre”.
“El último bono que se canceló llegó a 40$ pero generalmente es un bono de 30$. Una política de control que se implementa a través de los bonos. Nosotros estamos trabajando para conquistar nuevamente un salario mínimo que nos permita vivir, no podemos aceptar dádivas”, sostiene Sánchez.
Cano explica que los bonos que reciben los más de cinco millones de jubilados y pensionados “no llega” a todos. Además, afirma que “se van” en un par de artículos de supermercado. A su juicio, los bonos son utilizados para dar la “sensación” de que está tomando en cuenta a los adultos mayores.
“Aquí la gran mayoría trabajó 40 o 50 años y pagamos nuestra pensión a través del Seguro Social. Aquí había fondos de pensiones, es el caso de la industria petrolera y resulta que el dinero desapareció y los pensionados condenados a vivir en un estado de indigencia”, subraya.
Cano insiste en que la lucha no se limita a una jubilación digna, también exigen el rescate del sistema público de salud que, asegura, el gobierno se encargó de “destruir”.
“Tenemos enfermedades crónicas, cuando uno envejece los años empiezan a hacer merma en la condición física. No tenemos tampoco garantizado asistir a un hospital porque no hay insumos, nos siguen condenando a una muerte prematura”, relata, mientras recuerda que, consecuencia de la crisis, muchos de sus familiares directos se han visto obligados a migrar.
Cano, con ejemplos, refiere los elevados costos de los exámenes médicos y las medicinas. Cuestiona que no se garantice la seguridad social y expone que, como su caso, hay miles.
“Qué difícil es envejecer en Venezuela. Tomo Losartán potásico porque soy hipertenso, que triste cuando ves que te quedan dos pastillas y no sabes cómo vas a hacer el día siguiente para tomar el medicamento. Ha pasado con muchos hermanos que han tenido que suspender su tratamiento oncológico, de diabetes o hipertensión. Queremos morir de viejos, no anticipadamente”, manifiesta a VOA.
El gobierno venezolano atribuye la crisis que vive Venezuela a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y asegura estar llevando a cabo una lucha contra la “inflación” y la “especulación”.
