¿Dónde está el plan de vacunación? Es la pregunta que se hace la sociedad civil desde el mes de febrero, cuando llegaron los primeros cargamentos de vacunas rusas Sputnik-V. Al cumplirse cuatro meses de haber iniciado la vacunación, el Estado venezolano no ha publicado un plan ni ha ofrecido cifras claras y completas sobre quiénes han sido vacunados. Al contrario, la opacidad ha devenido en incertidumbre y desesperación de la ciudadanía.
La vacunación en Venezuela carece de criterios y prioridades. Y eso se evidencia en los pocos datos que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, que muchas veces no coinciden entre sí, ni con la información que publica la Organización Panamericana de la Salud. Este manejo solo ha provocado discrecionalidad y le ha dejado la puerta abierta a la corrupción.
En estos cuatro meses, Transparencia Venezuela ha identificado siete tipos de irregularidades: inconsistencias en las cifras oficiales, desorganización, abuso de poder, compras y robo de vacunas, exclusión a través del carnet de la patria, suspensión de jornadas de vacunación y puestos de vacunación en centros políticos y militares.
En todas ellas, el Estado tiene una gran responsabilidad y llama la atención el poco compromiso que se ha tenido en el resguardo de las vacunas anti-COVID-19, que son bienes del Estado, pero puestas a la venta por parte de personas relacionadas con el sistema de salud pública. La práctica no solo pone en riesgo la vida de quien decide comprar una vacuna, por no tener garantía de que realmente se corresponda con una medicina, sino la de las personas de sectores prioritarios que aún no han sido vacunados, como personal de salud y adultos mayores.
