Cabe recordar que Merlano tiene una condena inicial de 11 años de prisión, que en principio era de 15, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Y otra condena por 5 años de cárcel por violar topes electorales, decisión que fue revelada, en su momento, en exclusiva por SEMANA.
Penalistas explican que, en este caso, Merlano deberá pagar una pena de 11 años por ser la condena más alta proferida en su contra.
El abogado Juan Camilo Sanclemente, por su parte, explica que podría afrontar una pena de hasta 9 años por fuga de presos: “en este caso se pediría acumulación de las penas, pero pagaría la más alta. Es importante entender que los años que pagó de cárcel antes de su fuga no se tienen en cuenta. Es decir, comienza su pena desde cero. De aquí en adelante, son 11 años y se deben tener en cuenta otras condenas u otros procesos que podrían ser falso testimonio o fraude procesal”.
Abogados como el profesor Francisco Bernate explican además que se acudió a la figura de la deportación y no de la extradición por tratarse de un trámite mucho más rápido para los dos gobiernos, tanto el de Venezuela como el de Colombia: “Si ellos la piden en extradición, esto habría tardado meses. La deportación se da, precisamente, porque el Gobierno de Colombia, durante la era Duque, había presentado la solicitud ante Juan Guaidó y eso no era legítimo. Por eso se usó esa figura esta vez”.
Para el abogado Andrés Felipe Caballero, ella podría redimir pena “que no es un beneficio, sino un derecho” que tiene por temas como estudio o trabajo. Es decir, eventualmente, la excongresista podría pasar menos de 11 años de cárcel.