Un tribunal federal de apelaciones revocó la orden de un juez del estado de Florida que ordenaba la confiscación de las cuentas del empresario venezolano para compensar a un grupo de contratistas estadounidenses víctimas de secuestro por el narcoterrorismo colombiano.
Samark López, empresario venezolano sancionado desde 2017 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de su dependencia conocida como OFAC por sus siglas en inglés, por presuntos vínculos de ser el testaferro del importante funcionario del gobierno venezolano Tarek El Aissami, obtuvo una formidable victoria judicial al impedir que su fortuna en Estados Unidos sea destinada a pagar los daños de las víctimas.
La sentencia de este martes, emitida por el Tribunal del Circuito 11 de la Corte de Apelaciones con jurisdicción sobre los estados de Florida, Georgia y Alabama, anuló una orden de 2020 del Tribunal de Florida que otorgaba esos fondos bloqueados a tres
ex-contratistas de defensa estadounidenses secuestrados durante varios años por las FARC de Colombia y así cumplir con una sentencia previa contra sus antiguos captores.
El testimonio presentado por Dick Gregorie, un exfiscal que ha llevado a prisión a cientos de narcotraficantes, el exdictador panameño Manuel noriega es uno de ellos, fue presentado por los abogados de López para sostener que los demandantes no habían presentado ninguna prueba contundente que demostrara la vinculación del empresario venezolano con el narcotráfico y las FARC.
El argumento convenció al estrado de apelaciones que revocó la sentencia previa y retornó el caso al tribunal anterior y ordenó que los activos congelados a López sólo pueden ser entregados a las víctimas si un jurado concluye que existe un vínculo suficientemente probado de la supuesta relación entre el empresario y las FARC.
Para López ante este fallo judicial que desestima enjuiciar a una persona sin pruebas contundentes, cabe la pregunta de hasta qué punto es justo exponer a un ser humano y su familia a situaciones devastadoras en cuanto daño reputacional y material basándose en la publicación de rumores sin pruebas por parte de medios de comunicación cuyo rigor ético es cuestionable. Y, peor aún, que autoridades e instituciones como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tomen como evidencia esas publicaciones para instrumentalizar un procedimiento legal sancionatorio sustentado en evidencias tan precarias y débiles que no soportan el más mínimo examen de un tribunal formal del sistema de administración de justicia estadounidense.
López ha negado en reiteradas oportunidades de manera contundentemente y durante mucho tiempo tener algún vínculo con las FARC o cualquier otra actividad ilícita y ha condenado públicamente las actuaciones de esta y de cualquier organización al margen de la ley. Insiste en que su pretensión judicial en este caso no busca limitar el derecho que tienen las víctimas de las FARC a ser debidamente indemnizadas, toda vez repudia el horrible secuestro del que fueron objeto. Sólo exige la oportunidad de obtener justicia a través de un juicio con jurado para demostrar su completa y absoluta inocencia en todos los señalamientos que le han sido injustamente interpuestos.
En una audiencia previa, el abogado Adam Fels expuso que gran parte de las pruebas contra su cliente eran rumores y que como mínimo, merecía un juicio justo. Los problemas legales del empresario venezolano en los Estados Unidos se derivan de su
designación en 2017 como testaferro de su amigo cercano el importante funcionario del gobierno venezolano Tareck El Aissami.
Las Farc no fueron mencionadas en la designación de López y El Aissami ni se señaló en ese momento algún vínculo con ese grupo narcoterrorista. De hecho, la única acusación penal contra López que cursa en los Estados Unidos es por supuestamente fletar vuelos privados en violación de las sanciones, no del tráfico de drogas.
En una decisión unánime de todos los integrantes de la corte, el juez de apelación Adalberto Jordan comparó las acusaciones contra el empresario venezolano con un popular juego de salón, Six Degrees of Kevin Bacon, que consiste en vincular al actor
estadounidense con otros actores a través de sus actuaciones en al menos seis películas.
“Estas pruebas vistas colectivamente y tomadas a la luz más favorables para los apelantes de López crearon cuestionamientos fácticos reales acerca de si el Sr. López y sus empresas eran agencias o instrumentos de las FARC”, sentenció el fallo del panel de los tres jueces.
