Lapatilla
El reciente giro abrupto del gobierno de Venezuela en el que desbanda sus incipientes acercamientos a Estados Unidos y opositores posiblemente responda a la disminución del apoyo de su base tradicional de electores, según analistas, votantes y fuentes cercanas al oficialismo.
Por Mayela Armas / Vivian Sequera / REUTERS
Después de meses de descongelar las relaciones con Estados Unidos, la administración del presidente Nicolás Maduro ha dado un cambio en las últimas semanas. Cerró la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas, el fiscal ordenó el arresto a una reconocida activista y la máxima corte ratificó la inhabilitación a la principal candidata de la oposición en las elecciones de este año.
El cambio puede deberse a la caída del apoyo al gobierno de Maduro, dijeron fuentes y analistas. El encuestador local Delphos estima que un 25% de la población se considera partidaria del partido gobernante- Un año antes el respaldo era del 30%.
Maduro apostaría a la “intimidación” a activistas y opositores para intentar repetir el escenario de las presidenciales de 2018, cuando los principales partidos de la oposición se quedaron fuera de la contienda y el voto anti-Maduro estaba dividido, dijeron fuentes cercanas al oficialismo.
“Si hay elecciones, perdería”, afirmó una de las fuentes, refiriéndose a una votación libre y justa. El Ministerio de Comunicación e Información no respondió a una solicitud de comentarios.
Maduro realizó un importante intercambio de prisioneros con Estados Unidos y firmó un acuerdo electoral con la oposición. Washington, en respuesta, relajó las sanciones a los sectores de petróleo, gas y oro, y levantó la prohibición de negociar los bonos venezolanos.
Pero Estados Unidos reimpuso la sanción a la minera estatal y advirtió que el alivio al sector petrolero no se extendería en abril, a menos que se permita competir a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, y a otros.
Hasta el momento, el gobierno ha descartado la participación de Machado, citando una decisión judicial.
“La negociación dio sus frutos con el levantamiento por un lapso de las sanciones (…) Pero las tensiones internas dentro del oficialismo, porque unos están más cerca de Rusia y otros de Estados Unidos, hace que se dinamiten puentes”, dijo Ricardo Ríos, analista de la consultora Poder y Estrategia, en Caracas, citando sus investigaciones.
Algunos en el círculo de Maduro prefieren una relación más “pragmática” con Estados Unidos, agregó el analista. La caída de la popularidad de Maduro puede haber impulsado la posición de otros, como el legislador Diosdado Cabello, de permanecer con sus aliados tradicionales como Rusia o China.
El Ministerio de Comunicaciones tampoco respondió a una solicitud de comentarios sobre si existen diferencias dentro del partido gobernante. Altos funcionarios del gobierno han negado durante mucho tiempo que existan tales divisiones.
“Lo que estamos viendo es una reacción de la línea dura del chavismo, que siente que han aguantado lo peor y pueden sobrevivir a la reimposición de sanciones si eso significa no arriesgarse a perder el poder en unas elecciones semicompetitivas”, dijo Geoff Ramsey, analista político y miembro senior del Atlantic Council.
MENOS APOYO
En el menor apoyo de la clase trabajadora al mandatario ha tenido incidencia la desaceleración de la economía y el deterioro de los servicios como luz y agua. Millones de personas han migrado desde 2015.
En 2023 hubo 4.000 protestas laborales, 28% más que en 2022, según el Observatorio de Conflictividad Social. Muchos reclamos fueron de personal de las áreas de educación y salud, que solicitaban ajustes salariales.
“En mi familia teníamos esperanza con la negociación. Estábamos esperando que el gobierno dejara tranquila a María Corina”, dijo María Uzcátegui, una maestra de 40 años que reside en Maracaibo, una ciudad al oeste del país. “El Gobierno está jugando a la carta del miedo”, agregó.
“La situación está cada día peor. Aquí lo que hay es que cambiar de gobierno”, dijo Carlos Cristancho, un transportista de 78 años quien reside en la fronteriza San Cristóbal, donde sufre frecuentes cortes de luz.
El gobierno no ha aumentado los salarios de los empleados públicos desde 2022, como parte de los esfuerzos para combatir la inflación, y en lugar de eso ha otorgado bonificaciones. Los trabajadores ganan en promedio 40 dólares mensuales, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Aunque la relajación de las sanciones ha aumentado brevemente los ingresos del gobierno, la infraestructura petrolera está enormemente deteriorada desde los años de auge de Venezuela y la producción ha caído un 70%.
Maduro y su gobierno han culpado durante mucho tiempo a las sanciones estadounidenses por los problemas fiscales de Venezuela, calificando las medidas como una “guerra económica”.
Los planes de inversión social prometidos para el año electoral, incluidas las mejoras a la atención médica de las mujeres, han hecho poco para impulsar la popularidad de Maduro.
Una seguidora del oficialismo que apareció en una reciente transmisión de la televisión estatal, aprovechó la oportunidad para pedir un mejor suministro de gas, una muestra inusual de descontento de un partidario del partido gobernante.
“El gobierno entendió que su base social está rota. No tienen un proyecto que ilusione a sectores populares. No tienen la bonanza petrolera para movilizar por medio del clientelismo”, dijo Enderson Sequera, politólogo y director de la consultora Espolitiks. “¿Qué le queda entonces? La represión”.
