Con 19 votos a favor, 23 votos abstenciones y cinco votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este viernes la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
El proyecto de resolución, identificado como L.41, permite la extensión, por dos años más, de la misión para que continúe investigando las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela.
Con la aprobación de esta resolución, se renovó también la presencia en el país de un equipo de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
Estados Unidos, uno de los principales patrocinadores de esta propuesta, recordó que recientemente la Misión documentó asesinatos extrajudiciales, tratos inhumanos y desapariciones forzosas en Venezuela.
Mientras que, la representación del gobierno de Nicolás Maduro, rechazó la continuidad de la Misión al considerar que «socava la soberanía nacional» y juega con «la imposición».
«El proyecto de resolución no tiene justificación y menos cuando Venezuela buscó reforzar el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado», alegó.
Entre los países que prefirieron abstenerse, se encuentran Honduras, Argentina y México. Este último, explicó que decidió no pronunciarse al respecto «para no perjudicar las negociaciones» entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria, en la cual ha ejercido cómo mediador.
Celebración
Ante la extensión del mandato de la Misión de Determinación de Hechos, Organizaciones No Gubernamentales, activistas y defensores de los derechos humanos se han pronunciado.
Érika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional, celebró la renovación de la Misión «como señal de apoyo y respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en el país».
Ligia Bolívar, investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que la continuidad de la Misión es un logro de «las víctimas, la sociedad civil y los países democráticos».
«El bullying diplomático de Venezuela no logró su objetivo», subrayó.
Marino Alvarado, coordinador general de Provea, afirmó que las víctimas «logran un avance hacia la justicia» con la extensión por dos años de la Misión de Determinación de Hechos. «La justicia tarda pero llega», resaltó.
Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, calificó esta renovación como «un acto de justicia para las víctimas».
Investigación
Por su parte, FundaRedes aplaudió la aprobación de la resolución, al considerar que es «de vital importancia para la sociedad venezolana la continuación de la investigación de la Misión, resaltando los hechos que se mostraron en su último informe».
Recordemos que recientemente la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó en Ginebra su último informe. En él, concluyó que en la nación se instaló una «maquinaria de represión» por parte de los actores gubernamentales, con el objetivo de acabar con la oposición y perpetuarse en el poder.
Además, el informe detalló los patrones de torturas aplicados en centros oficiales de detención y casas clandestinas en Caracas. Entre estas prácticas, se encuentran golpes con bates y objetos punzantes, descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, asfixia con sustancias tóxicas y agua, cortes y mutilaciones, crucifixiones, violación con objetos, desnudez forzada y amenazas con animales vivos como perros, entre otras.
