Cuatro relatores con mandatos especiales de las Naciones Unidas enviaron, al Estado venezolano, una comunicación conjunta en la que expresan preocupaciones y documentan denuncias sobre la criminalización de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y la amenaza del cierre del espacio cívico por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
«Sin perjuicio de la facultad estatal para regular la actividad de las organizaciones no gubernamentales, varias de las disposiciones vigentes o en proceso de aprobación en Venezuela dan motivos de preocupación, por cuanto podrían emplearse para entorpecer la labor de dichas entidades», se lee en el documento, que contiene cuatro preocupaciones esenciales: la multiplicación de mecanismos de registro y requerimientos de informes; la multiplicación de mecanismos de inspección y seguimiento, sanciones por incumplimiento y restricciones en el acceso a financiamiento.
A continuación, 8 aspectos clave del texto:
«Varios mandatos temáticos de los Procedimientos Especiales han observado con creciente preocupación la persistencia del clima hostil en el que las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos desarrollan sus actividades en Venezuela».
«En abril del año 2020, varios mandatos de los Procedimientos Especiales comunicaron su preocupación por “[…] las limitaciones impuestas en la práctica a las organizaciones a través de impedimento de registro […] así como la amenaza de legislación restrictiva”, e instaron al gobierno a abstenerse de dictar leyes que pudieran limitar, o sugerir una limitación, al funcionamiento de la sociedad civil y el espacio cívico».
«En diciembre de 2020, algunos expertos manifestaron su preocupación pon los ataques contra la sociedad civil, indicando que “estas medidas han tenido efectos paralizantes en las ONG que prestan apoyo humanitario a las poblaciones vulnerables, lo que ha dado lugar a que se agraven las violaciones de los derechos económicos y sociales de las personas que estas ONG ayudan”.
«En un informe publicado en junio de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada lamentó que las autoridades hubieran adoptado reglamentos que afectaban la libertad de asociación y reunión, haciendo especial mención a la reintroducción en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, cuyo contenido había sido motivo de reservas en oportunidades anteriores».
«En dicho informe también se menciona que tales medidas han sido implementadas a la vez que varios altos funcionarios del gobierno calificaban públicamente de delictiva la recepción de financiación extranjera por parte de varias organizaciones de la sociedad civil».
«El informe también establece que los controles legales y administrativos adicionales introducidos en el registro, la financiación y el funcionamiento de las ONG agravaron los obstáculos preexistentes a su trabajo, señalados en informes anteriores».
«La acumulación de registros y las amplias facultades de control otorgadas a la Administración tornan oneroso el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y las exponen a la discrecionalidad de las autoridades de aplicación».
«En su informe de 2021 sobre cooperación con la ONU, el secretario general señaló que múltiples actores de la ONU han abordado alegaciones de intimidación y represalias contra defensores de los derechos humanos y la sociedad civil que cooperan, han cooperado o se percibió que cooperaban con la ONU en Venezuela, en particular aquellos que implementaban programas humanitarios de la ONU. Algunas de estas ONG han sido criminalizadas y/o etiquetadas como «criminales», «mercenarios», «ladrones», «terroristas» y «enemigos del Estado», incluso en los foros de las Naciones Unidas y en los portales en línea afiliados al gobierno.
Quienes suscriben el documento son la relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; la relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
