La relación de la administración de Nicolás Maduro con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y sus procedimientos especiales ha sido más que tirante en los últimos años. Eso se demuestra en la falta de interés en responder a requerimientos de información o justificar las situaciones que han sido calificadas como violaciones a los derechos humanos.
Además de la poca colaboración del gobierno venezolano con el propio Consejo y mandatos como la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, la rendición de cuentas con los Grupos de Trabajo, en este caso el correspondiente a detenciones arbitrarias, ha sido casi nula.
Este Grupo de Trabajo, según señala su página, tiene el mandato de «investigar los casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o de manera incompatible con los estándares internacionales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o los instrumentos jurídicos internacionales aceptados por los Estados involucrados».
Esta instancia no solo investiga presuntas detenciones arbitrarias por motivación propia y hace requerimientos de información o llamamientos urgentes, sino que también examina denuncias individuales que pueden conducir «a la adopción de opiniones sobre la arbitrariedad de la detención».
En particular, según denuncias diversas ONG nacionales e internacionales, las detenciones arbitrarias en Venezuela forman parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos, ordenados y sostenidos a través de las estructuras de cuerpos de seguridad del Estado y organizaciones afines, conocidas como «colectivos».
El Foro Penal ha documentado 12.016 detenciones y encarcelaciones arbitrarias entre el mes de abril de 2013 —cuando Nicolás Maduro llegó al poder— hasta el 28 de enero de 2018.
Tan solo el año pasado, el Grupo envió cuatro cartas de denuncia al gobierno venezolano, para atender casos particulares y que respete las opiniones dictaminadas por este.
Entre esas opiniones destacan los casos particulares de Lorent Saleh y Gabriel Vallés, el exconcejal José Vicente García, el diputado Juan Requesens, el tuitero Pedro Jaimes Criollo, la señora Antonia Turbay o Carlos Marrón, exdueño de la página DolarPro.
También resaltan los casos colectivos como los «gerentes de Banesco», acusados de «contribuir a la distorsión del sistema económico»; la «operación Armagedón», que involucra a siete oficiales de la Armada; el «magnicidio» contra Nicolás Maduro, que involucra a civiles como Emirlendris Benítez y militares como el general Héctor Hernández da Costa; el asesinato del fiscal Danilo Anderson, por el cual están presos los primos Guevara; así como el caso PNB La Yaguara, que se refiere a la detención de 59 colombianos sin ninguna orden de aprehensión.
El Grupo también espera la respuesta a su solicitud de visita al país, formalizada por tercera ocasión en octubre de 2019. La Alta Comisionada Michelle Bachelet, tras su visita al país ese año, dijo que la administración de Nicolás Maduro se había comprometido a recibir la visita de por lo menos cuatro mecanismos especiales, entre ellos el de Detención Arbitraria.
Durante el mandato de Bachelet, solo se permitió en 2021 la visita a Venezuela de Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos.
