Para nadie es un secreto de que el sistema penitenciario enfrenta una profunda crisis caracterizada por la violación de garantías judiciales y la desidia en la administración de justicia. La mayoría de los presos ni siquiera tienen una sentencia firme, libran una batalla constante en un entorno marcado por la violación sistemática de sus derechos humanos.
Por esta razón los privados de libertad el pasado domingo 9 de junio, en distintos recintos penitenciarios anunciaron que se unirían en una huelga de hambre pacífica, que se hizo extensiva a 16 cárceles, 4 anexos femeninos y más de 10 calabozos policiales en todo territorio nacional.
Así lo dieron a conocer a través de una serie de videos en los que entonaban el himno nacional y sacaban los alimentos de las celdas, mientras que los familiares aseguraron que entre las peticiones de la población reclusa se encuentra la actualización oportuna de sus cómputos, otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen y el cese de los planes de abordaje impulsados por el Ministerio que, a su parecer, no les han aportado ninguna solución a su situación jurídica.
Por su parte Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha venido denunciando en innumerable cantidad de oportunidades, que son muchos los privados de libertad que se encuentran en cárceles lejanas a los tribunales donde reposa su causa. Lo que significa que la principal excusa para no trasladarlos en tiempo y forma hacia estos tribunales es que no hay transporte o gasolina, incluso hay casos en los que los presos tienen hasta 40 diferimientos de audiencia en un lapso de dos años y otros a los que se les interrumpe el juicio.
Entre tanto si los familiares deciden costear con los gastos para ejecutar el traslado, se encuentran con otros problemas como la falta de luz en los tribunales, la escasez de recursos materiales, la ausencia de un fiscal del Ministerio Público o del mismo juez, lo que hace que se difiera la audiencia.
En ese sentido, es importante destacar que esta dramática situación vulnera el derecho fundamental de toda persona a un juicio justo y rápido, consagrado en la Constitución nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Además, como si el retardo procesal fuera poco, los presos venezolanos también deben sobrevivir al hacinamiento, la violencia, la falta de acceso a servicios básicos y la corrupción por parte de los mismos funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Hablamos de negligencia y falta de acción por parte de las autoridades cuando durante 13 años de gestión, que se cumplen el próximo 26 de Julio, se les ha hecho imposible mejorar las condiciones de vida dentro de las cárceles. Esto incluye la falta de atención médica, la insuficiencia alimentaria, la inexistencia de programas de rehabilitación y la ausencia de medidas para garantizar la seguridad de los reclusos.
Es un hecho que las cárceles venezolanas son descritas como «infiernos en la tierra» o “universidades del delito”, donde los reclusos enfrentan situaciones extremas de violencia, enfermedades y abuso. En definitiva, son muchas las razones por las que los privados de libertad emprendieron una lucha legítima por el reconocimiento y el respeto de sus derechos, tras muchos años de soportar atrocidades, irregularidades y falta de respeto.
Según las denuncias realizadas por los familiares de los privados de libertad y lo que pudo constatar el OVP, los recintos carcelarios que se sumaron a la huelga de hambre desde el domingo 9 de junio y hasta horas de la mañana del lunes 10 de junio fueron:
- Comunidad Penitenciaria de Coro, Falcón.
- Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), Mérida.
- Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), Miranda.
- Centro Penitenciario David Viloria (URIBANA) Lara.
- Internado Judicial de Tocuyito, mínima de Tocuyito,Carabobo.
- Internado Judicial de Cumaná, Sucre.
- Centro de Formación para el Hombre Nuevo Libertador, Fénix Carabobo.
- Internado Judicial de Trujillo.
- Centro Penitenciario Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado Rosales, antiguo retén El Marite, Zulia.
- Centro Penitenciario Agroproductivo Barcelona, Anzoátegui.
- Centro Penitenciario de Occidente (CPO) I y II, Táchira.
- Internado Judicial Rodeo 3, Miranda.
- Comunidad Penitenciaria Fénix Lara.
- Internado Judicial de Barinas.
- Centro De Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, Guárico.
- Centro Penitenciario Región Centro Oriental, máxima El Dorado, Bolívar.
Anexos femeninos
- Centro Penitenciario David Viloria (URIBANA) anexo femenino, Lara.
- Anexo Femenino del Internado Judicial de Tocuyito, mínima de Tocuyito, Carabobo.
- Anexo Femenino Centro de Formación Femenino Manuelita Sáenz, Aragua.
- Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, Miranda.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones continuamos acompañando a los familiares de los presos, quienes se manifiestan muy preocupados por su estado de salud, así como también estamos enviando las respectivas comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), al Relator del Comité contra la Tortura y el Relator de Personas Peivadas de Libertad de las Américas de la CIDH.
Por último, es importante mencionar que en nuestra organización creemos fervientemente que la transformación del sistema penitenciario venezolano no solo es una cuestión de justicia, sino de humanidad, considerando que cada paso hacia la mejora de las condiciones carcelarias y la agilización de los procesos judiciales es un paso hacia una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
Con Información del OVP.
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