Organizaciones sociales y de derechos humanos, comités de víctimas y de la sociedad civil, expresan su más profundo rechazo al cese temporal de las funciones técnicas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela y la expulsión de los oficiales que venían cumpliendo estas funciones en el terreno, desde el año 2019.
Sobre los hechos, la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual fue efectiva a partir de 2013, y las graves violaciones de derechos humanos por las políticas de represión del Estado ocurridas durante las manifestaciones pacíficas entre los años 2014 y 2017 en todo el país, aumentaron la atención sobre la situación de Venezuela por parte del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a cargo de las Naciones Unidas (ONU), al cual debieron acudir con mayor regularidad las víctimas y las organizaciones de derechos humanos en la búsqueda de protección, justicia y reparación.
Desde ese momento, el ACNUDH tuvo un papel destacado en la presentación de informes documentados, objetivos, exhaustivos y contundentes acerca de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, advirtiendo sobre la gravedad de sus patrones, que luego se convirtieron en una emergencia humanitaria compleja de gran escala. Las evidencias de los patrones,junto con políticas de criminalización, persecución y amenazas al espacio cívico, dieron lugar a que el Consejo de Derechos Humanos extendiera mandato al ACNUDH para el seguimiento de Venezuela.
Tras su visita al país en 2019, la ACNUDH, acordó con el Estado venezolano la instalación de una oficina técnica en el terreno (OACNUDH-Venezuela), mediante una carta de entendimiento, cuyas acciones primordiales fueron desde entonces: 1) la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de derechos humanos de la ONU; 2) el apoyo a la sociedad civil; 3) la asesoría técnica y formación a las instituciones del Estado para la reforma del sistema judicial, en normativas garantes y acordes con los estándares en derechos humanos; y 4) la evaluación continua y de manera creíble de la situación de los derechos humanos y los desafíos desde el terreno, incluyendo visitas in loco de Procedimientos o Relatores Especiales de la ONU.
De la presencia de esta oficina técnica del ACNUDH en Venezuela destacan dos objetivos aceptados por el Estado venezolano: “Evitar que se repitan las violaciones de los derechos humanos, mediante el establecimiento de una estrategia de alerta temprana, que incluya el desarrollo de un mecanismo conjunto de remisión de casos individuales de violaciones de los derechos humanos a las autoridades competentes para que se adopten medidas urgentes” y “Proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores de los derechos humanos, la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de procesos participativos e inclusivos en los debates y la adopción de planes y políticas de derechos humanos”.
Al transcurrir más de 3 días de la detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el día 13.02.24 el ACNUDH emitió un pronunciamiento vía red social X en el que lee : “#Venezuela Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”. El 14.02.24, se produce además una rueda de prensa del Relator sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, al final de su visita en el país por invitación del Estado entre los días 01 y 14 de febrero , presentando hallazgos de suma gravedad sobre la persistencia de las privaciones de acceso a este derecho en el país .
Seguido de estos acontecimientos, el canciller Yvan Gil anunció el 15.02.24 la decisión del Estado de suspender las actividades de la OACNUDH-Venezuela, una revisión integral de los términos de cooperación técnica y la salida del personal de la oficina en un plazo de 72 horas: “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas” . Un comunicado oficial señaló posteriormente que tal decisión era producto del papel “impropio” desempeñado por la OACNUDH-Venezuela, al convertirse en el “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente confabulan contra el país”, señalando sobre la OACNUDH-Venezuela tener una postura “sesgada”, “parcializada”, procurando generar “impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”.
¡Venezuela no puede quedar desamparada!
La medida de expulsión de la OACNUDH de Venezuela constituye una grave decisión y un paso adicional del Estado venezolano para desproteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos, actuales y potenciales, y a la sociedad civil en su conjunto. En un contexto de indefensión institucional, emergencia humanitaria compleja y ante próximas elecciones presidenciales, el Estado ha incrementado acciones para la confiscación de las libertades civiles y democráticas en el país con “La Furia Bolivariana” como política de vigilancia, control y persecución política; la intención de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional; el incremento de los ataques, detenciones y violaciones graves contra personas defensoras en el país.
El cese temporal y expulsión de oficiales de la OACNUDH de Venezuela es un nuevo incumplimiento de las obligaciones y acuerdos del Estado venezolano con la comunidad internacional, ahora con la ONU y los órganos de protección universal, evidenciando que no existe voluntad de cumplimiento en materia de respeto a los derechos humanos, garantías de protección, justicia, libertades y democracia. Mientras existan estas circunstancias, el trabajo de la Misión independiente de investigación y Determinación de Hechos y la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, cumplen hoy un papel más claro e imperante en el país, a las puertas de un ciclo electoral presidencial en el que de manera cíclica se han incrementado de forma dramática los patrones de violaciones graves de los derechos humanos y la violencia contra la población, los mismos que dieron origen a la necesidad de la creación de estas tres instancias.
Esta más grave situación advierte sobre la posible agudización del problema migratorio en la región por razones políticas, la judicialización de amplios sectores de sociedad venezolana, la aplicación de leyes que inhabilitan la acción independiente de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el país y la región. Venezuela tiene hoy una ventana de oportunidad para la redemocratización, la transición pacífica y la restitución de un entorno de derechos, si las partes cumplen los acuerdos de Barbados y toda la comunidad internacional contribuye a que se logre un proceso electoral genuinamente democrático, con justicia, sin persecución, discriminación ni revancha.
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