Ocho días completa la crisis más aguda que ha tenido que afrontar el presidente Gustavo Petro en sus diez meses de mandato. En cuestión de horas, el escándalo desatado por las graves denuncias de la niñera Marelbys Meza en SEMANA derivó en las alarmantes revelaciones de la Fiscalía que apuntan a que integrantes de la Dijín interceptaron ilegalmente no solo a Marelbys, sino también a Fabiola Perea, otra humilde mujer que trabajaba en la casa de Laura Sarabia, jefa de gabinete.
El escándalo ya tumbó a Sarabia, mano derecha del presidente, y se llevó por delante al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien se convirtió en la sombra de Petro en la pasada campaña electoral y fue fundamental para el triunfo en las urnas. Hoy, todo el país quiere saber las respuestas a estas preguntas: ¿quién ordenó las chuzadas?, y ¿por qué intentaron convertir un robo doméstico en un asunto de seguridad nacional que incluso ponía en riesgo la integridad de Petro y Francia Márquez? La Fiscalía argumenta que todo lo que hicieron fue solo para recuperar el dinero y que el episodio nada tenía que ver con riesgos para el país.
“Las chuzadas regresaron a Colombia”, advirtió el fiscal Francisco Barbosa, quien comparó lo ocurrido con los crímenes que cometieron el DAS y el F-2, ya extintos. Por eso, la inquietud que surge es si este es un episodio aislado o es apenas la punta del iceberg de una repudiable práctica que ya se habría instalado en el Gobierno Petro para perseguir a opositores, periodistas y todo aquel que piense distinto al presidente. Ante las evidencias de la Fiscalía, y visiblemente molesto, Petro se negó a aceptar que, bajo su administración, se esté chuzando.
Tan pronto estalló este escándalo, el pasado sábado 27 de mayo, tras la publicación de SEMANA, la Casa de Nariño se convirtió en un infierno. El presidente guardó un extraño silencio frente al tema, habló de un “golpe blando” y durante horas casó peleas en Twitter que incluso lo llevaron a recibir un fuerte jalón de orejas de parte del Consejo de Estado.
Las investigaciones sobre este nuevo capítulo de chuzadas hasta ahora empiezan. SEMANA conoció que los fiscales buscan establecer si la sala usada para estas interceptaciones ilegales es una al servicio de la Dijín en la zona industrial de Bogotá. Además, indagan qué papel habría desempeñado un general de la Policía en retiro, además de un coronel y un mayor activos. La Fiscalía ya llamó a interrogatorio a tres patrulleros y a un intendente de la Policía.
