Tras la captura ordenado por el Ministerio Público (MP) de El Salvador de cinco exfuncionarios de izquierda por supuestamente recibir sobresueldos mientras eran funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes entre 2009 y 2014, analistas coinciden en que las detenciones “no siguieron el debido proceso” y que las razones por las que se les capturó no están tipificadas como delito.
Los políticos Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda Handal, Hugo Flores y Calixto Mejía, todos militantes del Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN), permanecen en prisión preventiva en diferentes penales de El Salvador luego de ser detenidos y presentados públicamente el 22 de julio. Se les acusa de haber recibido dinero de la partida secreta o gastos reservados que cada Administración tiene asignada en El Salvador, incluyendo el actual.
Sin embargo, a la fecha la fiscalía del país aún no presenta ante un juez el requerimiento que detalla los delitos por los que se les acusa ni ha establecido de manera individual las razones de las aprehensiones.
Dentro de la legislación salvadoreña no se tipifica si es o no delito recibir dinero en concepto de bono, compensación o en este caso que se le ha llamado “sobre sueldo” de fondos que provengan del mismo Gobierno, que eran del conocimiento público y de los cuales hay documentos firmados por los mismos receptores.
Hasta ahora, la fiscalía sospecha que, al recibirlos, los funcionarios podrían haber cometido el delito de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
¿Qué pasa entonces?
De acuerdo con la abogada salvadoreña Angélica Rivas, quien habló con la Voz de América, si el MP “tiene indicios de que ha habido un hecho delictivo” puede girar orden de captura de carácter administrativo o judicial, “algo que es totalmente legal”.
Sin embargo, con las detenciones de los exfuncionarios, al parecer, ha habido algunos elementos donde “se ha irrespetado” lo que se conoce como “el debido proceso”, que son los derechos y las garantías que toda persona inculpada tiene.
Tanto familiares, políticos de izquierda como los abogados defensores de los acusados han denunciado públicamente y hasta en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que a sus clientes al momento de la captura no se les informó el por qué de la detención y no se les permitió hablar con sus abogados hasta horas después.
“Desde ahí ya hay un vicio en el proceso”, afirma Rivas, ya que todo acusado tiene derecho a la defensa oportuna. Desde su experiencia afirma que cuando hay un incumplimiento de garantías procesales se corre el riesgo que ocurra “una nulidad del proceso”.
“La fiscalía general de la República, la policía y el órgano Judicial en general están llamados a cumplir con todas las garantías procesales”, comenta.
¿Hay otros acusados?
El acto de corrupción, que también han aceptado haber cometido otros funcionarios tanto de izquierda como de derecha, ha sido una práctica común en diferentes administraciones.
Recientemente el mismo expresidente de derecha y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Antonio Saca, acusado de desviar fondos públicos por valor de más de 300 millones de dólares, reveló frente al Congreso salvadoreño que pagó sobresueldos a exfuncionarios, medios de comunicación y funcionarios que aún ocupan puestos en el Gobierno.
Lo anterior hace que la analista política Sophia Cortez dude que el objetivo de las detenciones realmente busque la justicia, ya que los detenidos y sobre quienes se ha girado orden de búsqueda y captura – incluyendo al expresidente Salvador Sánchez Cerén – solo son del partido de izquierda.
Desde su punto de vista “la oposición está siendo perseguida” y está siendo usada por la Administración del presidente Nayib Bukele para calmar las exigencias de la base de su partido, ya que el “combate a la corrupción” fue una de sus promesas de campaña.
No obstante, su Gobierno desmanteló la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES) y también destituyó a todos los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país.
“A la vuelta de dos años y con un gran vacío de realmente obras del Gobierno el debe cumplir su mayor promesa que fue lo que movió a su base”, apunta Cortez al ser consultada por VOA sobre el tema.
Pese a los señalamientos el mismo fiscal general, Rodolfo Delgado, se ha defendido publicando en sus redes sociales que no hay ningún sesgo o persecución política en las capturas.
“No hemos realizado nada fuera del marco legal”, citó en un tuit para luego agregar que su misión “es hacer todas las investigaciones sin importar las fechas ni los períodos. Creo que con las investigaciones debemos abarcar todas las administraciones, incluso las actuales», apuntó.
Delgado también ha revelado a medios de comunicación afines al Gobierno que el Ministerio Público tiene 120 expedientes de investigación abiertos, de personas que fungieron durante la administración del expresidente Funes.
Las investigaciones van avanzando y van a provocar una serie de acciones”, fiscal general, Rodolfo Delgado.
Investigar, «no juzgar a priori»
Por su parte la exdiputada y militante del FMLN Nidia Díaz, dijo a la Voz de América que es un deber del Congreso crear comisiones especiales que investiguen, como en este caso que existe la que indaga los sobresueldos a funcionarios y que es un “deber de los ciudadanos y las instituciones que ellos llaman colaborar”, pero “no juzgar a priori” que el investigado es culpable.
Díaz, al igual que otros miembros de su partido, considera que las acciones de la fiscalía si son “una persecución política” impulsada desde el oficialismo.
Sobre el tema de los sobre sueldos ella es clara en señalar a VOA que en El Salvador no hay ninguna norma o disposición reglamentaria que lo catalogue como un delito. “No está tipificado”, apuntó.
Entonces las órdenes de captura y los arrestos no se han dado por los sobresueldos, y la fiscalía está cambiando la acusación para sostener un caso que no procede, entonces para ella se está anteponiendo la valoración política.
“Ya hay decisiones políticas ante que se aplique verdaderamente una justicia y un debido proceso”, afirmó.
Según las indagaciones del Ministerio Público salvadoreño, los exfuncionarios podrían haber recibido sumas de dinero que rondan los 200.000 y 500.000 dólares además de su salario y forma parte de la investigación «Saqueo Público».
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