Transportistas de carga pesada y productores agropecuarios constantemente denuncian que son víctimas de cobro indebido por parte de algunos funcionarios militares y policías corruptos en puntos de control móviles, que deberían operar para la prevención de delitos.
En diciembre, Pedro* y su esposa viajaron, como suelen hacer con frecuencia, desde Cabudare, a unos 400 kilómetros al suroeste de Caracas, para pasar unos días en familia. En su vehículo, junto a las maletas, llevaban una cava (refrigerador portátil) llena de comida y postres para las festividades navideñas. Poco les gusta comprar en Caracas -afirman- porque todo es “más fresco” donde viven.
En el trayecto, un policía los detuvo en un punto de control y, sin dar explicaciones, le pidió revisar el vehículo. Durante la revisión el agente se centró en las maletas donde guardaban regalos para sus nietos y en la cava. Después de mirar, pidió que abrieran todos los equipajes.
Al ver los productos, el policía exigió varios de ellos como “aguinaldo”. Entre el temor por las consecuencias y la molestia por el “abuso de autoridad”, la esposa de Pedro se negó a abrir las maletas.
Haciendo un balance de lo sucedido, consideran que ese día corrieron con suerte: el funcionario les habló en un tono amenazante cuando se negaron, pero finalmente los dejó continuar el viaje tras revisar los documentos de identidad.
Pedro, de 66 años, cuenta que varias veces lo han detenido para verificar sus papeles y, a pesar de que siempre están en regla, algunos funcionarios, “no todos”, le han solicitado una “colaboración” argumentando la difícil situación económica que viven. En esos casos, se niega y responde que si ha cometido una infracción le pongan una multa. Sin embargo, siempre teme al pensare en cuál podría ser la reacción del funcionario de turno.
Los especialistas consultados por Voz de América recuerdan que no es legal que un funcionario solicite “dinero, dádivas o mercancía”.
El abogado penalista y profesor de criminología, Luis Izquiel, resalta que en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), están expuestos los artículos que indican cómo los cuerpos de seguridad deben llevar a cabo inspecciones personales y a vehículos.
“La revisión no puede ser discrecional (…) según el texto legal, el funcionario debe indicar primero cuál es la presunción que tiene de que hay elementos que tengan que ver con un delito, solo así debe procederse a una revisión. Pero lo que viene ocurriendo en las alcabalas es una discrecionalidad total”, resalta.
De acuerdo al artículo 207 del COPP, las inspecciones de vehículos se pueden llevar a cabo siempre que haya motivo suficiente para presumir que se ocultan en él objetos relacionados con un hecho punible y se debe advertir sobre la sospecha.
Recomendaciones básicas para evitar ser víctima de extorsión en retenes móviles
Fermín Mármol García, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la Universidad Santa María, recomienda a los ciudadanos mantener sus documentos al día: cédula de identidad, licencia de conducir certificado médico y póliza de responsabilidad a fin de cumplir con la legislación vigente.
En caso de que en un vehículo viaje un extranjero, debe portar el pasaporte original que acredite su nacionalidad e identidad.
“Al manejar un vehículo automotor se debe usar el cinturón de seguridad, no debe estar hablando por telefonía móvil celular, no debe estar ingiriendo bebidas alcohólicas ni estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes y psicotrópica”, dice a la VOA.
Mármol García, además, llama a no esquivar un reten policial, pues si bien hay quienes argumentan que pudiera tratarse de delincuentes usando indumentaria militar o policial para cometer algún delito, afirma que el riesgo es mayor.
El abogado especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Omar Mora Tosta, recuerda que, luego de varios sucesos escandalosos que involucraron la utilización de alcabalas, algunas falsas, las autoridades crearon un dispositivo legal, publicado en mayo del 2006, que regula lo relacionado con los puntos de control policial.
Mora Tosta sugiere documentar la situación y denunciar ante las dependencias de los cuerpos policiales y militares que hacen frente a las desviaciones de conducta de los funcionarios o ante el Ministerio Público, e insiste en que las requisas y desbloqueos de teléfonos solo pueden ocurrir con autorización judicial.
Para Mármol García, sería ideal que el Estado venezolano implementar una campaña comunicacional para ratificar las exigencias de resolución ministerial conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa que señala las características que debe poseer un retén militar o policial móvil.
*Una de las fuentes que ofreció su testimonio pidió no ser identificado por razones de seguridad.
*Alcabalas: De ese modo se llamó al tributo que se pagaba al fisco consistente en un porcentaje del precio de las cosas objeto de compraventa o permuta. Es un concepto que probablemente tiene sus bases en el derecho romano.
Especial de la VOA
