El sueldo mensual de un profesor universitario de mayor escalafón en Venezuela es 522,16 bolívares. Al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para este martes 15 de noviembre, ese monto son apenas 56,08 dólares. Por su parte, un día de hospitalización en una clínica de la ciudad de Mérida cuesta a partir de 410 dólares, según investigaciones hechas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) para su más reciente informe sobre salud y protección social del personal universitario.
La salud es parte del derecho humano a un nivel de vida adecuado, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece que los Estados Parte -y Venezuela es uno de ellos- reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
En la Observación General N°14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicada el 11 de agosto de 2000, se amplía el derecho a la salud y se vincula con el goce de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana y a la vida, entre otros. El derecho a la salud se garantizará si existe disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en los establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud.
En Venezuela, el derecho a la salud está consagrado en el artículo 83 de la Constitución nacional. En los artículos 84 y 85 se establecen las obligaciones que tiene el Estado para garantizar el acceso de todas las personas a la salud pública, mientras que el artículo 86 señala que “toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias”.
Estado venezolano viola derechos a la salud y la seguridad social del personal universitario
La investigación hecha por el ODH-ULA para su informe Salud y protección social del personal universitario evidencia que el Estado venezolano no garantiza el derecho a la salud ni a la seguridad social de los profesores y trabajadores de las universidades públicas del país.
El personal universitario en Venezuela contaba con una cobertura amplia de salud que proveían los institutos de previsión social, gremios y sindicatos. Esto dejó de existir como consecuencia de la asfixia presupuestaria a la que están sometidas las universidades públicas del país desde el año 2007. Actualmente, los universitarios solo pueden acceder a la salud pública, el cual no cuenta con suficiente disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad ni calidad.
El personal de la Universidad de Los Andes (ULA) actualmente solo cuenta con tres opciones para acceder a la salud: el sistema de salud pública, el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (SISMEU) -creado en 2017-, el Centro de Atención Médico Integral de la ULA (CAMIULA), la Oficina de Seguros de la ULA (OFISEULA) y los planes que ofrecen gremios y sindicatos, como el Instituto de Previsión del Profesorado (IPP-ULA), cuyo costo es inaccesible para muchos trabajadores debido a su precariedad salarial.
Universitarios recurren a la caridad para atender su salud
El seguro médico creado y controlado por el Ministerio de Educación Universitaria, el SISMEU, estuvo inactivo durante más de tres años. En febrero de este 2022 se anunció su reactivación, ofreciendo una cobertura de 9.280 bolívares, que al cambio de este 15 de noviembre representan 998,92 dólares. “Tal cifra apenas serviría para atender una emergencia médica básica que no incluya exámenes de imagenología requeridos para el diagnóstico de ciertas patologías, como una tomografía axial computarizada, o 2 días básicos de hospitalización, pues el sistema privado de salud está dolarizado”, precisa el informe del ODH-ULA.
La falta de acceso al derecho a la salud y a la seguridad social ha llevado a profesores y trabajadores universitarios a pedir ayuda económica mediante redes sociales para cubrir gastos médicos. De acuerdo con registros del ODH-ULA, entre 2020 y 2022 al menos 51 universitarios pidieron ayuda para atender su salud, a través de campañas creadas en la plataforma GoFundMe o peticiones directas de medicamentos e insumos quirúrgicos, así como de abonos de dinero a cuentas bancarias en Venezuela.
El ODH-ULA denuncia el incumplimiento del Estado venezolano de las garantías que constitucionalmente debe proveer a la población para que todas las personas tengan derecho a la salud y a la seguridad social. La violación de estos derechos causa desmejoras en la calidad de vida y, en los peores casos, la muerte de quienes no tienen acceso a medicinas ni a la atención médica oportuna y de calidad.
