Finca con certificación del Instituto Nacional de Tierras. Cerca de 200 toneladas de maíz en riesgo de perderse
José Labrador, Presidente de la Federación de Ganaderos y Productores del estado Barinas (Fegabarinas) y José Antonio Espinoza Presidente de la Asociación de Productores del estado Barinas (Asobarinas) rechazaron de manera contundente el reciente caso de invasión en el municipio Pedraza.
El hecho corresponde a la finca la Rubiera propiedad de Elpidio García una unidad de producción con más de 2.000 bovinos y más de 300 hectáreas de maíz sembradas, las cuales se están viendo afectadas por las recientes acciones del grupo de ocupantes ilegales que han ingresado al predio.
Manifestaron que entienden que existan personas que quieren que el Estado atienda sus necesidades de tierra, pero que no puede ser de forma arbitraria, transgrediendo los procedimientos establecidos en la Ley de Tierras.
Estamos hablando de una unidad de producción que se encuentra en plenas labores de siembra, una finca con certificación productiva de los distintos tribunales agrarios y que están siendo perturbada por un grupo de personas que accedieron de manera irregular a la propiedad.
Indicaron que el Estado debe ser enérgico al tratar a estos ocupantes que lejos de incentivar la producción están acabando con cerca de 200 toneladas de maíz.
Espinoza, de Asobarinas deploró este tipo de acciones anárquicas que solo alejan la inversión del campo barinés, precisamente, en un momento cuando lo que queremos en impulsar el desarrollo y la producción.
“Estas tierras son de carácter privado y certificadas por el Instituto Nacional de Tierras, no se puede perturbar la producción en Barinas por el simple hecho de complacer los caprichos de un grupo. Estas personas están plenamente identificadas y han sido sometidas a los tribunales, hoy vemos con extrañeza que están libres y haciendo fechorías”, expresó el presidente de Fegabarinas.
Ambos insistieron en no comprender cómo si existen campesinos a quienes se les ha adjudicado tierras para que produzcan, este grupo se comporte de esta manera, atacando una finca en plena producción. Por tanto, el Estado debe abocarse a esta situación; estas personas deben ser sometidas a las leyes, pues no se puede defender los derechos humanos de unos, en menoscabo de otros, que sólo han dedicado su vida a la producción, como es el caso de los dueños de finca La Rubiera, concluyeron.
