El partido político Primero Justicia (PJ) anunció este lunes su decisión de no participar en los espacios que atienden la materia referida a los activos en el exterior, luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia tomara la decisión de someter a control a la sociedad Monómeros Colombo Venezolana S.A.
“Desde hace más de un año le informamos al país nuestra preocupación por la gestión de activos y de las empresas de la República en el exterior. Asimismo, desde el comienzo del gobierno interino, en reiteradas oportunidades hicimos propuestas que no fueron tomadas en consideración y manifestamos nuestro desacuerdo con la forma de gestión de los mismos. Reiteramos con firmeza que nuestra prioridad es proteger los activos de la corrupción, de los acreedores y ponerlos al servicio de los venezolanos”, publicó el partido en un comunicado.
Señalaron que ante la falta de receptividad del líder opositor Juan Guaidó y su administración, especialmente del partido Voluntad Popular (VP), decidieron dar un paso al costado con la intención de facilitar y presionar la concreción de una solución que preserve los activos para Venezuela.
“Seguiremos elevando nuestra voz en la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Vemos con suma preocupación la falta de voluntad política y de buena disposición para explorar y discutir soluciones para proteger a los activos de la República del régimen o de sus acreedores”, indicaron.
En este sentido, PJ insistió en la necesidad de crear un fideicomiso administrado por un externo de alto nivel que garantice “la independencia, la transparencia y las buenas prácticas que demandan y merecen los venezolanos”.
“Urgimos a todos los factores democráticos a discutir esta propuesta, teniendo en cuenta que el término de la extensión constitucional de la Asamblea Nacional y el Gobierno encargado es el 4 de enero de 2022”, enfatizaron.
Finalmente, reiteraron la necesidad de proteger los activos del país y preservarlos para el futuro de libertad que nos espera. “Los bienes de todos los venezolanos deben estar al servicio del país y jamás deben ser entregados ni negociados a gobiernos o empresas extranjeras”, concluyeron.
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