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En el primer mes del año documentamos 16 casos y 24 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, principalmente actos de censura, intimidación y ataques a periodistas, medios de comunicación, activistas y organizaciones de la sociedad civil por parte de actores y funcionarios del Estado.
En total contabilizamos 19 víctimas de violaciones a su derecho a expresarse libremente o informar a la población, entre ellas siete medios y seis periodistas, así como tres casos que involucraron a la ciudadanía en general, dos particulares, una organización no gubernamental y un trabajador público.
El Estado se mantiene como el principal victimario y agresor a la libre expresión en el país. De 19 victimarios, 14 se relacionan directamente con el Estado venezolano (8 instituciones, 4 cuerpos de seguridad y 4 funcionarios). Otros dos victimarios fueron simpatizantes del oficialismo y uno es desconocido.
Hostigamiento y censura
La emisora Anaru 99.5 FM, que operaba en la ciudad de Guasdualito en el estado Apure (sur) fue cerrada el 5 de enero por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), quienes además se llevaron su transmisor y su consola.
En la tarde de ese mismo día, trabajadores de la emisora fueron convocados a una reunión en la que les informaron sobre el cierre y decomiso, por presuntos problemas administrativos y por espacios en los que se entrevistó a miembros de la oposición política. El cierre de Anaru 99.5 FM afectó a entre 20 y 25 familias por la pérdida de empleos.
En el estado Portuguesa (oeste) la Conatel ordenó el 10 de enero el cierre de las emisoras Órbita 99.7 FM y Galáctica 100.7 FM que operaban en las localidades de Guanare y Biscucuy.
Según un audio del alcalde del municipio Sucre (Biscucuy) de Portuguesa, Jóbito Villegas, la Conatel le envío un comunicado al director de la radio con la información de que se había vencido la concesión otorgada hace 30 años.
El 27 de enero, el medio regional Palpitar Trujillano tuvo que desalojar su sede en la avenida Bolívar de Valera, estado Trujillo (oeste), debido a las amenazas que ha recibido por parte de la gobernación de la entidad desde hace tres meses.
En noviembre el dueño del edificio sede notificó que estaba preocupado por la amenaza del gobernador en contra del medio; en diciembre, afirmó que algunos inquilinos temían posibles ataques a la edificación debido a las las continuas descalificaciones oficiales.
A principios de enero, simpatizantes del oficialismo confrontaron al dirigente opositor César Pérez Vivas cuando visitaba al medio y “eso detonó nuevamente el miedo entre los inquilinos”, dijo el director de Palpitar Trujillano, Andrés Briceño.
Intimidación contra periodistas
A través de las redes sociales, simpatizantes del oficialismo mantienen la intimidación y el acoso hacia el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien denuncia que ha sido acosado, hostigado y amenazado por parte de presuntos grupos de choque vinculados con el partido de gobierno que operan en la parroquia San Agustín de Caracas.
El acoso hacia Rojas se volvió más recurrente desde el momento en el que desde el oficialismo comenzaron a vincularlo con el caso de los seis sindicalistas que fueron condenados a 16 años de prisión en 2023. En los mensajes intimidatorios, además, publican fotografías del periodista con familiares y amigos.
En su programa televisivo en el canal del Estado, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, intimidó e insultó a periodistas de la fuente de política que cubren a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, de mayoría opositora.
Cabello calificó de “tarifados” a los periodistas que integran un grupo de WhatsApp junto con el equipo de prensa de la AN-2015 e hizo públicos los mensajes de los periodistas, vulnerando su privacidad, al extraerlos de manera irregular.
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