El gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva decretó el 20 de enero el estado de emergencia de salud pública en la comunidad Yanomami, la mayor del país suramericano, donde decenas han muerto -sobre todo niños- por desnutrición severa y enfermedades previsibles como la malaria.
El propio Lula da Silva viajó hasta el territorio Yanomami, la reserva indígena más grande de Brasil, situada al noroeste de la región del Amazonas; un día después de la declaración. Su ministro de Justicia, Flavio Dino, aseguró luego que existen evidencias contundente para calificar de “genocidio” lo ocurrido.
La falta de atención y la negligencia oficial ante lo que ya muchos califican como una crisis humanitaria, están entre las razones de quienes claman por justicia.
Por años, activistas locales y autoridades indígenas han denunciado la precaria situación de la comunidad yanomami, indefensos ante los llamados “garimpeiros”, mineros ilegales de oro que han “invadido” el territorio indígena bajo la “mirada cómplice” del expresidente Jair Bolsonaro.
Las garimpas o minas ilegales proliferaron en territorio amazónico durante la década de 1980, aunque luego fueron erradicadas en su mayoría durante los años 90s y 2000s. Según estimados de grupos ambientales y de derechos humanos, reportados por Associated Press, durante la administración de Bolsonaro (2019-2022) los números de mineros ilegales aumentaron hasta 20.000, en parte debido a los altos precios del oro.
Las minas ilegales controladas por garimpeiros y paramilitares se han establecido en tierras de cultivo de los yanomamis, cortando el suministro autónomo de comida. También han contaminado los ríos en los que los nativos pescan y beben agua con el mercurio utilizado para procesar el metal que extraen.
Expertos ambientales y médicos llaman la atención sobre la deforestación amazónica y la muerte de animales, así como los focos de infestación de mosquitos trasmisores de malaria como resultado de la minería. Otros advierten sobre la llegada de forasteros a comunidades nativas aisladas que no poseen la inmunidad a enfermedades comunes en otras partes del país.
Ocho de cada 10 niños Yanomami sufrían de malnutrición crónica en 2020, según un estudio conjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el instituto estatal brasileño Fiocruz. De acuerdo a datos oficiales revelados en 2021, 44.069 personas de la comunidad Yanomami se enfermaron de malaria en dos años. El total de la población indígena estuvo infectado, algunos más de una vez.
Al menos 570 niños Yanomami murieron durante el mandato de Bolsonaro. Todos fallecieron por enfermedades curables como influenza, neumonía, anemia y diarrea. Esto significó un incremento del 29 % en los fallecimientos de menores en la comunidad, según una investigación del medio brasileño independiente Sumauma.
Sumauma también reportó que el 52,7 % de los niños Yanomami con menos de cinco años tienen déficit nutricional y pesan menos de lo esperado para su edad.
“Los garimpeiros están destruyendo nuestros ríos, nuestra selva y nuestros niños. Nuestro aire ya no es puro, nuestra caza desaparece y nuestra gente llora y llora por agua limpia. Queremos vivir, queremos recuperar nuestra paz y nuestro Territorio”, escribió en Twitter el presidente del consejo yanomami de salud local, Júnior Hekurari Yanomami.
El activista y miembro de la comunidad indígena, publicó su tuit junto a un video aéreo que muestra la devastación de la selva por los mineros ilegales.
Hekurari también denunció que en muchas ocasiones, los garimpeiros toman los aeropuertos cercanos y prohíben los aterrizajes de ayuda.
Los paramilitares que protegen las minas han impedido la apertura de centros de salud para tratar a los nativos, negando asistencia a los enfermos.
“Nuestra lucha es para que tengamos acceso a la dignidad, para que finalmente se reduzcan los índices de desnutrición, enfermedades infecciosas y falta de asistencia. El expresidente (Bolsonaro) podría haber buscado formas de actuar en favor de la población indígena”, insistió en otro tuit Hekurari.
El líder indígena advirtió que si ya el pueblo Yanomami estaba “en una situación de vulnerabilidad, (el gobierno de Bolsonaro la) agravó drásticamente con discursos recurrentes incitando a la aprobación de la minería y los madereros”.
La indiferencia del gobierno de Jair Bolsonaro ante las continuas peticiones de auxilio está entre las razones por las que lo acusan, entre ellos su contendiente en las urnas, el ahora presidente Lula da Silva; de facilitar el “genocidio” de los Yanomami.
En publicaciones en su canal oficial en Telegram el domingo 22 de enero, Bolsonaro se defendió de lo que llamó “otra farsa de la izquierda contra la verdad”, mencionando los logros de su administración junto a una foto suya con una niña indígena en brazos.
De acuerdo al expresidente, durante su gestión, la atención de salud a las comunidades nativas fue una prioridad, incluyendo la asistencia durante la epidemia de COVID-19.
Sin embargo, expertos brasileños alegan que decisiones de Bolsonaro de favorecer métodos proempresariales en lugar de ambientales, provocó que entre agosto de 2020 y julio de 2021, la zona deforestada en la Amazonia brasileña alcanzó su mayor extensión en 15 años, según cifras oficiales.
Desde que juró, el pasado 1 de enero, Lula da Silva dio un giro a las políticas gubernamentales y prometió “un nuevo día para la Amazonía“. El veterano presidente, que transita por su tercer mandato, insistió en que dará prioridad a frenar la deforestación ilegal de los bosques tropicales, incluso si eso significa entrar en conflicto con los poderosos intereses de la agroindustria.
Video VOA
Lula da Silva designó a la activista amazónica Marina Silva como su ministra de Medio Ambiente y a la líder nativa Sonia Guajajara como la primera ministra de Pueblos Indígenas de Brasil.
Tras la declaración de emergencia de salud en territorio Yanomami y la visita del mandatario, el Ejército brasileño comenzó a enviar asistencia en vuelos con comida y medicinas, mientras que el Ministerio de Salud pidió ayuda a médicos dispuestos a ir como voluntarios a la zona.
El gobierno brasileño indicó que pretende expulsar a los mineros ilegales del territorio, una tarea que recaerá en la policía federal con la ayuda de Ministerio de Defensa.
