La juventud venezolana se encuentra entre la espada y la pared en materia habitacional. Dar el paso hacia la independencia y abandonar el nido que representa la casa de los padres acaba por convertirse en una colina inclinada muy difícil de superar gracias al estado del mercado inmobiliario, con pocas opciones de alquiler, cánones de arrendamiento altos y condiciones que hacen casi imposible firmar el contrato, al menos para un 95% de la población venezolana.
Ana María De Amazonas es una joven de 26 años que reside en Barquisimeto, estado Lara. Desde hace más de un año busca el alquiler de un apartamento «cómodo» que le permita vivir junto a un acompañante para reducir costos, pero debido a las condiciones que establecen los propietarios, se le hace imposible desembolsar más de $1.000 para firmar el contrato de arrendamiento pese a que pagar el canon mensual de $120 o $150 se encuentra dentro de sus posibilidades.
La mayoría de los propietarios exigen a sus posibles inquilinos unos tres meses de depósito de garantía, de tres a seis meses de mensualidad por adelantado y el pago del trámite administrativo del contrato, además de la prima que cobra el asesor inmobiliario, que cubre el inquilino y suele tasarse en un mes de alquiler. Por ende, el arrendatario debe invertir hasta 10 veces la mensualidad exigida por el arrendador para acceder a ese alquiler.
La situación que padece De Amazonas es equiparable a la de muchos jóvenes —y no tan jóvenes— que intentan hacerse con un lugar en el cual vivir temporalmente ante la imposibilidad de adquirir una vivienda propia, pues con salarios deprimidos y un crédito bancario inexistente, comprar casa resulta idílico.
«Mi mejor amigo y yo queríamos mudarnos a un apartamento. Estábamos buscando algo de dos habitaciones, un apartamento o un anexo, pero en la mayoría teníamos que pagar demasiado de depósito. Sacar esa cantidad, con la situación del país, no es fácil. De paso, piden que seas persona jurídica. Si eres estudiante ¿Cómo consigues alquiler?», se preguntó De Amazonas.
