No es solo quedarse en la denuncia, comentarla dos semanas y olvidarla como la novela del año pasado. Lo que nos mostró la Misión de Determinación de Hechos es que ningún avance anunciado por el gobierno en materia de derechos humanos es creíble. En su combo 2×1, describió cómo en Venezuela hay un sistema diseñado para reprimir y así cimentar el control del poder del gobierno. Como dice Marta Valiñas, presidenta de la Misión, los involucrados “muestran que los actos violentos no fueron realizados por individuos al azar y desconectados”.
Y la ñapa viene por cuenta de la minería. La Misión también le echó un ojo a la sistematización de las violaciones y crímenes hacia las poblaciones en las zonas de extracción de oro. Acá, todo el crédito de las violaciones se lo llevan tanto funcionarios estatales como grupos irregulares. Además, el informe ofrece mayores datos sobre la represión a los indígenas en 2019.
Para el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, este informe evidencia cómo en Venezuela no se investiga a las cadenas de mando y cómo se establecen mecanismos para lograr la impunidad de la represión, porque precisamente está involucrado la crème de la crème del Estado: “El informe desmiente toda la propaganda oficialista acerca del mejoramiento de la justicia, muestra que no hay poder judicial independiente e imparcial que juzgue estos crímenes”.
El Peligro Acecha
Esto ya lo sabíamos, es cierto, pero es muy distinto que te lo cuente un vecino a que te lo cuente una Misión de expertos de la ONU después de 246 entrevistas: el Dgcim y el Sebin son los principales torturadores en Venezuela, pero no actúan solos. Fanb, Sebin, Faes, Cicpc, Ministerio Público, Dgcim, colectivos y autoridades locales se han coordinado para ejecutar un plan: “silenciar, desalentar y sofocar la oposición al gobierno de Maduro, incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno”, incluyendo sus amigos y familiares.
Lo que no había podido demostrar la Misión, y que ahora queda muy claro, es que no estamos hablando de simples ovejas negras dentro del gobierno, sino de torturadores reclutados y entrenados por el aparato del Estado para ejecutar ese plan. Según se desprende de las entrevistas, Maduro tiene completo control de la Dgcim, pero con frecuencia consulta a asesores para impartir órdenes: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y el Ministro del Interior, por ejemplo. Estos, a su vez, controlan al Sebin.
Además de sus propios funcionarios que actúan como parte de la institucionalización de la tortura, y cuyos nombres podrás ver más abajo, tanto el Dgcim como el Sebin tienen una suerte de nómina paralela que no figura administrativamente, pero que hace el trabajo sucio. Son miembros de colectivos, o jóvenes de barriadas en todo el país seleccionados bajo un ojo fino: tienen cierta patología y son fáciles de identificar. Si alguien hace actos crueles y la persona disfruta de verlos, es candidato ideal.
Estos “trabajadores acreditados” o “Grupo Delta” no tienen contrato, trabajan ad honorem, pero pueden obtener beneficios como una acreditación oficial de la Dgcim y acceder al dinero y bienes de las personas detenidas. Con el tiempo, el negocio de las capturas, torturas y extorsión, se convirtió en un negocio lucrativo que permitió a los funcionarios aumentar los bajísimos salarios, remodelar oficinas y adquirir propiedades bajo un nombre clave: “hacer una mentira de la verdad y la verdad de la mentira” o plantar “semillas”.
Con tantos elementos difusos, ¿cómo han conseguido lealtad? Fácil. En medio de la emergencia humanitaria compleja, el sistema de recompensas y castigos (represalias contra ellos y sus familias) se ha aceitado. Tanto, que la estructura del Sebin y la Dgcim está dotada de tal manera que “garantizan a las autoridades de alto nivel que las órdenes de llevar a cabo los crímenes y las violaciones han de cumplirse, de manera cuasi automática”, dice el informe.
Es una operación sin fronteras. Muchos de estos acreditados también actuaban en otros países, como Colombia y Panamá, para reunir información y capturar a disidentes reales y percibidos que eran buscados por el Gobierno venezolano. Entre ellos se encuentran agentes de la Dgcim, colectivos y guerrillas.
