Eran las 22:30 cuando, tal día como este miércoles hace 30 años, un escuadrón de hombres armados y cubiertos con pasamontañas irrumpió en la fiesta de una casa de los Barrios Altos de Lima para acribillar sin piedad a sus ocupantes, señalados injustamente de ser supuestos terroristas de Sendero Luminoso.
En total asesinaron a 15 personas, incluido un niño de 8 años, e hirieron a otras 4, en lo que fue la siniestra primera matanza del grupo militar encubierto Colina, por cuyas masacres el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
Así, con ráfagas de ametralladoras y regueros de sangre, concluyó intempestivamente la “pollada bailable” en el 840 del jirón Huanta para recaudar fondos y costear obras en la vecindad.
“No preguntaron por nadie y empezaron a disparar”, relataban los titulares de los diarios de prensa al día siguiente sobre los seis hombres que formaban este escuadrón de la muerte, y el “niño fue perseguido y acribillado sin compasión”.
Precisamente, el rostro infantil de Javier Ríos es hasta ahora una de las caras más emblemáticas del crimen, presente en fotos al frente de manifestaciones como las realizadas contra el temporal indulto que entre 2017 y 2018 gozó Fujimori sobre su condena por este caso, junto a otras violaciones a los derechos humanos.
El caso conmocionó a Lima que, por primera vez, vivía una masacre contra la población civil en el marco del conflicto armado interno, que desde hacía una década ya azotaba a regiones del interior del país, donde la población civil fue violentada tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas.
“En ese momento nadie era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo”, recordó a Efe el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), una de las organizaciones que representaron a las víctimas en la odisea legal que atravesaron después.
UN TORTUOSO LITIGIO
Esa noche del 3 de noviembre de 1991, las familias de las víctimas iniciaron un mortificante, sinuoso y largo camino para hallar la verdad y lograr justicia.
“Se impidió deliberadamente la investigación del crimen mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables”, según concluyó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
Primero el Gobierno y las Fuerzas Armadas atribuyeron la masacre a un atentado terrorista de Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), pero las investigaciones periodísticas ya apuntaban a un grupo de militares adscritos al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
El “autogolpe” de Estado dado por Fujimori en 1992 cortó la investigación que se llevaba a cabo en el Parlamento y desde el Fuero Militar se intentó evitar que la Justicia ordinaria se hiciera cargo del caso, mientras que el nuevo Congreso controlado por Fujimori dictó una ilegal amnistía para los militares implicados en este tipo de delitos.
No fue hasta 2013, 22 años después de los hechos, que la Justicia peruana emitió una condena definitiva contra los autores de la masacre, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2001 ordenó revocar las leyes de amnistía.
“Fue histórico. Por primera vez un tribunal internacional de derechos humanos invalidaba una ley interna. Eso nunca había ocurrido antes”, destaca Rivera.
“Ha marcado precedente. Barrios Altos termina siendo una suerte de referencia obligada en jurisprudencia de derechos humanos en la región”, añade.
AUTORES MEDIATOS
Junto a Fujimori fueron condenados por este crimen el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y los exgenerales Nicolás Hermoza Ríos, Juan Rivero Lazo y Julio Salazar Monroe, además de todos los integrantes del grupo Colina, incluido el mayor Santiago Martín Rivas, responsable del operativo en Barrios Altos.
“Ha sido probablemente el caso más importante de violaciones a los derechos humanos en Perú por la gravedad y por la forma en que los aparatos de seguridad del Estado desarrollaban sus acciones con impunidad y con el más absoluto respaldo político”, comenta Rivera.
“El interés del presidente y del Congreso de cerrar cualquier vía de justicia para las víctimas dio muestra del nivel de compromiso de Fujimori y Montesinos en esta aventura criminal con el destacamento Colina”, agrega.
Barrios Altos fue el inicio de una serie de masacres del grupo Colina como la de La Cantuta (1992), donde fueron asesinadas 10 personas; y la de Pativilca (1992), en la que fueron torturados y ejecutados 6 campesinos.
Hasta ahora, el caso es motivo de conflicto, especialmente por parte de los fujimoristas, que continúan defendiendo la inocencia del expresidente, y de otros sectores de derecha que justifican los crímenes de lesa humanidad contra población civil inocente por la situación crítica que vivía el país frente a Sendero Luminoso.
