Yira Yoyotte
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia infantil como cualquier maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, desatención o trato desconsiderado, explotación comercial o de otra índole que ocasione un daño real o potencial a la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad del niño o niña en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
El mencionado fenómeno ha cobrado porcentajes muy preocupantes en Venezuela, de hecho, el pasado 7 de junio de 2023 el Ministerio Público informó que entre enero de 2022 y mayo de 2023 se registraron 7 mil 165 casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Dicho organismo, incluso, se ha visto en la necesidad de crear una Oficina con competencia nacional especializada en los delitos que atenten contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido se conoció que 2.317 personas han sido imputadas por los delitos de abuso sexual contra niños y niñas, 2.915 fueron acusadas y 1.355 han sido condenadas por hechos de esta naturaleza.
Violencia infantil en cárceles venezolanas
La violencia infantil también se ha venido registrando en las cárceles y retenes judiciales de Venezuela.
El pasado 14 de diciembre de 2022, una mujer que responde al nombre de Karelys Arcilla Montilla, de 27 años de edad, fue con su hijo, de apenas un año de nacido, al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como el “Penal de Tocorón”.
Arcilla llegó al penal con la intención de visitar a su pareja y celebrar el cumpleaños del infante, pero al darse cuenta que faltaban galletas y refrescos dejó al bebé bajo el cuidado de Enrique Soto Colmenares, su novio, y se fue a comprar la que se necesitaba para la fiesta infantil.
Cabe destacar que Soto Colmenares tenía 6 meses recluido en esa cárcel, una de las más peligrosas del país, por haber cometido abuso sexual contra menores.
Al regresar a la cárcel la mujer se dio cuenta que el menor estaba inconsciente y ensangrentado. El niño fue llevado al centro de salud más cercano, pero ya no tenía signos vitales.
El parte médico determinó que el bebé había sido golpeado y abusado sexualmente.
El autor del hecho fue Enrique Antonio Soto, de 24 años de edad y novio de la mamá del niño que resultó víctima en este caso.
La población penal tomó la justicia por sus propias manos y asesinó al victimario.
Inexplicablemente Karelys Arcilla trató de ocultar lo sucedido alegando que el niño padecía de un cuadro respiratorio y tos.
La mujer fue detenida de inmediato e imputada por el delito de infanticidio.
En mayo de 2023 el Tribunal 4to de Juicio del estado Aragua la condenó a 19 años y 8 meses de prisión por su responsabilidad en el crimen.
Curiosamente deberá purgar la condena en el mismo penal donde murió su pequeño hijo.
Hablan especialistas, presos y familiares
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap e investigador de la UCAB, destacó que Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja, en consecuencia, las variables sociales y económicas siguen comprometidas y eso tiene un impacto determinante en las familias.
“Hay una tensión económica, hay una tensión familiar y hay una violencia que se cuela en las relaciones familiares y evidentemente eso tiene un impacto en los niños. Las familias han sido el acto social más olvidado de las políticas públicas y todo eso se traduce en más violencia”, indicó.
Agregó que lamentablemente hemos normalizado la violencia y además existe una marcada impunidad.
Por su parte, la abogada Angeyeimar Gil, ex Consejera de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes explicó que la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) establece un derecho de doble titularidad, es decir, que el privado o privada de libertad tiene derecho a ver y mantener relación con sus hijos y demás familiares y viceversa, pero, los innumerables factores de riesgo no lo permiten.
“Todo esto debe ser un proceso supervisado por el Estado, pero lamentablemente no lo es. La entrada de los infantes a los penales depende de la persona que lo lleva, realmente no hay un proceso de solicitud de permisos”, dijo Gil.
La especialista dijo que la situación país ha afectado significativamente el funcionamiento de los Consejos de Protección, tanto, que en los actuales momentos se encuentran “debilitados”.
Una Ventana a la Libertad tuvo acceso al testimonio de un detenido que se encuentra recluido en el estado Zulia. Esta persona reconoció que tiene muchos años sin ver a sus hijos y que esa situación le afecta emocionalmente.
Jorge Luis Sará, Comisionado jefe de la Policía municipal de San Francisco, aseguró que en ese centro de detención preventiva, se toman medidas extremas para garantizar la seguridad de los niños cuando asisten a las visitas.
El oficial informó que, por lo general, cuentan con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos religiosos para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan compartir sanamente con sus padres o madres privados de libertad.
María Aldazoro, madre de un privado de libertad que se encuentra recluido en el Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda, aseguró que la presencia de los niños y niñas en las cárceles venezolanas, al menos en la que ella conoce, cambia por completo el comportamiento de la población penal.
“Para los presos es muy importante la visita de sus hijos, por lo tanto, en ese momento tan especial no hay violencia ni comportamientos que comprometan la seguridad de los infantes”, dijo.
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