Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestra preocupación por los últimos acontecimientos que limitan el libre ejercicio de la prensa, y el recrudecimiento de violación a la libertad de expresión, incluyendo las negativas a fuentes de información para conocer e informar sobre el proceso electoral y votaciones a realizarse el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, cuando no existe ninguna condición que permita que el proceso electoral sea justo, libre y transparente.
Lamentamos la expulsión de la que fue víctima un equipo periodístico del diario hondureño, El Heraldo; perpetrada por las autoridades de Migración en el puesto fronterizo de El Guasaule el pasado 25 de octubre. Situación similar había vivido el periodista Anatoly Kurmanaev, reportero de The New York Times, quien el pasado mes de junio fue notificado de la cancelación de su boleto a Managua por la aerolínea en la que viajaba, horas antes de que despegara el vuelo, luego de que las autoridades nicaragüenses se negaron a permitirle la entrada al país.
Otros casos que motivan nuestra preocupación fue lo sucedido a principios de octubre a un equipo de CNN que intentó ingresar a Nicaragua por tierra, a través de la vecina Costa Rica. El 17 de octubre las autoridades nicaragüenses negaron la entrada a su territorio al periodista Frédéric Saliba, corresponsal en México de Le Monde. Este medio de comunicación también había presentado una solicitud a la embajada de Nicaragua en París para entrar al país a realizar el cubrimiento, sin embargo, de acuerdo con el medio la solicitud sigue sin respuesta.
Reprobamos que a 4 días de celebrarse los comicios, medios de comunicación y periodistas independientes no hayan recibido sus credenciales por parte del Consejo Supremo Electoral, lo que impedirá que los medios y sus periodistas puedan dar una cobertura completa a un proceso electoral que no garantiza el derecho de elegir a las autoridades en libertad. Es notorio observar que el gobierno de Nicaragua, tiene como política gubernamental mantener alejada a la prensa nacional independiente y a los medios de comunicación internacionales de la cobertura del proceso electoral 2021.
Vale la pena recordar que desde abril 2018, cuando inició la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua, las agresiones físicas, allanamiento de medios, asedio e intimidación durante las coberturas periodísticas han sido reiteradas junto al robo y destrucción de equipos. Desde mayo del 2021 hemos observado que el gobierno de Nicaragua en un intento desesperado por silenciar a todas las voces críticas, ha realizado otras acciones lesivas a los derechos fundamentales, tales como:
- a) Cancelación de la personalidad jurídica de más de 50 organizaciones no gubernamentales. Muchas de ellas, ante la falta de información estatal sobre los efectos de la pandemia de Covid-19, eran fuentes primarias de información para los periodistas independientes; mientras que otras además brindaban asistencia médica y educación sanitaria a la población nicaragüense.
- b) Judicialización de la labor periodística. Desde que la Fiscalía inició un juicio en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, también se inició una ola de intimidación en contra de periodistas, dueños de medios y creadores de contenido periodístico en la que la Fiscalía amenazaba y cuestionaba la labor periodística independiente. La judicialización de periodistas independientes y otros trabajadores del sector, busca silenciar a quienes confrontan al poder y se esfuerzan por llevar información independiente pese a la inseguridad, la negativa de acceso a la información pública y el acoso y hostigamiento al que se exponen.
- c) Asedios y allanamientos. Esta ha sido una de las formas más comunes de intimidación ejecutada por policías y paramilitares en contra de periodistas, en la que, además, también se ven afectados los familiares de los comunicadores, incluidos menores de edad. En muchas oportunidades se les ha negado el derecho al trabajo al impedirles salir de sus viviendas.
- d) Nueva ola de exilio masivo de periodistas. Ante la escalada y recrudecimiento de la violencia estatal, para muchos comunicadores la migración sigue siendo la única alternativa para salvaguardar su vida, su libertad personal y su integridad física. Hemos conocido que entre mayo y octubre al menos 40 periodistas se han visto forzados a abandonar el país para resguardar su seguridad y la de los suyos. Para muchos es la segunda vez que deben exiliarse desde que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en 2018.
- e) Retención migratoria y despojo de pasaportes. La Dirección General de Migración y Extranjería ha despojado arbitrariamente a una decena de periodistas independientes de sus pasaportes y además les ha impedido salir del país sin ninguna explicación válida.
- f) Campañas de estigmatización en redes sociales. Periodistas en distintos departamentos de Nicaragua han sido expuestos en redes sociales con comentarios denigrantes luego que estos acudieron a los centros asistenciales para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Recientemente se conoció que Facebook eliminó más de mil cuentas vinculadas al gobierno y al Frente Sandinista de Liberación Nacional, las cuales estarían activas desde 2018 y buscaban influir la opinión pública en contra de las voces críticas.
Como organizaciones que defendemos y promovemos la Libertad de Expresión y de Prensa, recordamos al gobierno de Nicaragua su obligación de garantizar el acceso a la información pública y el libre ejercicio del periodismo, los cuales son derechos plenamente reconocidos en los tratados y convenios que en materia de Libertad de Prensa y Expresión el Estado de Nicaragua es signatario.
Las actuaciones del Estado nicaragüense contravienen los Principios de Chapultepec, así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en especial su artículo 13, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en específico el artículo 19. Asimismo, dichas conductas son contradictorias a los principios de publicidad y participación ciudadana propugnados en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621).
Las organizaciones firmantes, una vez más reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a los y las periodistas nicaragüenses y medios de comunicación que siguen haciendo su trabajo, incluso desde el exilio, para mantener informada a la sociedad nicaragüense. Exigimos a las autoridades nicaragüenses, garantizar la libertad de prensa y permitir el ingreso de la prensa internacional que busca cubrir la jornada electoral del 7 de noviembre para que el país y el mundo puedan recibir la mayor información posible al respecto.
