La dirigencia opositora liderada por Juan Guaidó emitió este lunes un comunicado con el que ratifican su decisión de proteger los bienes de Venezuela en el extranjero.
En el escrito aseveran que desde 2019 han protegido los activos de la nación del gobierno de Nicolás Maduro procurando establecer mecanismos necesarios para ello, amparados en el artículo 233 de la Constitución de la República.
“Todas las decisiones vinculadas con la protección, recuperación y administración de activos fueron tomadas con la participación y acuerdo de todas las fracciones parlamentarias, con base en criterios constitucionales, institucionales y de representatividad. Es precisamente la participación de las fuerzas democráticas lo que garantiza la gobernabilidad en las funciones del Gobierno interino”, agregaron.
El bloque expresó que la “responsabilidad y las decisiones sobre la protección de los activos no ha sido ni será una discusión partidista, mucho menos de una persona, pues es un asunto de Estado y así debe tratarse. Este ha sido nuestro compromiso y así seguirá siendo”, afirman.
“Proceso de control”
Aseveran que la gestión de activos ha sido un “riguroso proceso de control previo y posterior que garantiza la transparencia y veeduría de actores independientes que incluye:
a. Rendiciones de cuentas públicas anuales, con presencia de medios de comunicación y participación de todas las fracciones parlamentarias, ante la Asamblea Nacional.
b. La auditoría de la ejecución del presupuesto 2020 del Fondo de Liberación de Venezuela y Atención a Casos de Riesgo Vital de una de las diez firmas auditoras más grandes del mundo, cuyo resultado fue muy positivo y será compartido con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
c. Auditorías externas anuales que han sido ordenadas por la “Presidencia Encargada” tanto a la directiva de Citgo como de Monómeros.
d. La actuación del Consejo General de Administración del Gasto, del cual forman parte todas las fracciones parlamentarias que hacen vida en el “Gobierno interino”.
e. La actuación y revisión de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de la cual forman parte todas las fracciones parlamentarias.
f. La coordinación, cooperación y solicitud de investigaciones a instituciones del Estado Colombiano, específicamente en la denuncia sobre la ayuda humanitaria ante la Fiscalía de Colombia y la actuación de Superintendencias con Monómeros.
“Sin actos de corrupción”
En este sentido, insistieron que “todas las denuncias que han existido han sido investigadas: en ninguno de esos procesos se ha comprobado algún acto de corrupción por las autoridades independientes”.
Añadieron que cuando alguna investigación, como la realizada por Superintendencias de Colombia ha arrojado alguna irregularidad, “se ha procedido a la actuación inmediata en cooperación con la autoridad correspondiente y su asistencia, con la disposición a tomar las medidas necesarias para esclarecer y corregir el caso”.
En el caso de la empresa Monómeros, señalaron que ante el compromiso por mantener la transparencia y eficiencia en la protección de activo se han “comprendido acciones como su reestructuración y el ensamblaje de una nueva junta directiva en coordinación con aliados donde tienen jurisdicción los diferentes activos”.
Llaman a la unidad
El grupo reiteró su respaldo a la gestión de Juan Guaidó y su Comisión Delegada, encargada de evaluar los mecanismos que garanticen el mejor ejercicio para la protección de los activos”.
“Cualquier propuesta para la consideración o ajuste de la gestión debe ser canalizada y considerada por las vías institucionales regulares, respetando la decisión que de ese ente emane, en aras de garantizar la eficiencia y transparencia en protección de los activos de Venezuela ante el saqueo de la dictadura”.
Finalmente, la dirigencia aceptó la decisión del partido político Primero Justicia (PJ) sobre su decisión de colocar sus responsabilidades a disposición de la figura del interinato. Sin embargo, hicieron un llamado a seguir “unidos” para luchar por la recuperación de la democracia en Venezuela y lograr la convocatoria de elecciones presidenciales “libres y justas”.
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