La Sociedad Civil en Venezuela presenta en la actualidad momentos muy oscuros en su historia.
Opinión | José Ali Linares Torrealba
En los últimos días, el país ha experimentado un aumento de las tensiones dirigidas contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y todo apunta hacia la posible aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
Este jueves 15 de febrero, el Ministro de Relaciones Exteriores y Canciller de la República, Yván Gil, anunció el cese de las operaciones en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, así como la expulsión de sus oficiales, quienes cuentan con 72 horas para abandonar el país.
Esta situación ha provocado diversas reacciones en el sector civil del país, ya que la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos
humanos.
Además, se prevé que genere una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han logrado obtener gracias al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos.
Esta situación ha provocado diversas reacciones en el sector civil del país, ya que la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos humanos.
Además, se prevé que genere una serie de efectos adversos que, a lo largo de la historia, se han logrado obtener gracias al ejercicio de la participación de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos. Sobre esto, Darrin Gibbs, Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Derecho Procesal, Miembro del Equipo Jurídico de Defiende Venezuela y Profesor-Investigador de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirmó que además esto dificultaría “el seguimiento directo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.
Una decisión con consecuencias
Este escenario plantea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana, destacando la importancia de mantener la vigilancia y la movilización para salvaguardar los principios fundamentales en medio de estos desafíos.
Es por ello que Ezequiel Monsalve, Abogado, Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y Coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, explicó que tales acciones gubernamentales podrían desencadenar 5 consecuencias para el país:
Ausencia de Asistencia Técnica en Derechos Humanos para el Estado
La cesación de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos. Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Limitación en la Protección de los Derechos Humanos de los Venezolanos
La decisión de expulsar la Oficina Técnica del Alto Comisionado también sugiere una potencial limitación en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población.
Abandono de la Agenda de Conexión de la Sociedad Civil con los Mecanismos de Protección
El cese de operaciones impacta negativamente la conexión entre la sociedad civil venezolana y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La ausencia de esta conexión podría debilitar la capacidad de la sociedad civil para abogar por sus derechos y participar activamente en la promoción de cambios significativos y repercute en la incidencia de los mecanismos hacia el Estado para la implementación de mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos.
Limitaciones en el Acceso de los Relatores de la ONU al País
La decisión de expulsar la Oficina del Alto Comisionado también puede resultar en limitaciones significativas para el acceso de los relatores de la ONU al país. Esta restricción dificulta la evaluación objetiva de la situación de derechos humanos en Venezuela, afectando la capacidad de los expertos internacionales para emitir informes precisos y recomendaciones fundamentadas.
Limitación en el Acceso a Información Objetiva y Veraz para Informes de Recomendación
La falta de presencia de la Oficina Técnica del Alto Comisionado podría provocar limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para la elaboración de informes y recomendaciones. Este déficit de información confiable podría afectar la calidad de los análisis sobre la situación de derechos humanos en el país, obstaculizando los esfuerzos para abordar las problemáticas existentes.
La ausencia de asistencia técnica al Estado, la limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos, el abandono de la conexión entre la sociedad civil y los mecanismos de protección, las restricciones al acceso de relatores de la ONU al país, y la limitación en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación son elementos que generan una preocupante coyuntura.
Esta situación no solo pone en riesgo el compromiso internacional de Venezuela en la defensa de los derechos humanos, sino que también socava la confianza en los mecanismos de cooperación y supervisión a nivel global.
Es crucial subrayar la importancia de restablecer canales de diálogo y cooperación para abordar los desafíos en materia de derechos humanos, garantizando así la protección integral de los ciudadanos y el respeto a los principios fundamentales.
