La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluyó este jueves que los jueces y fiscales del gobierno de Nicolás Maduro han tenido un papel importante en las violaciones de derechos humanos contra los opositores.
El documento presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU señala que el “Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de los derechos humanos (…) El sistema ha jugado un papel significativo en la represión de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”.
Asimismo, la ONU detalló “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.
De acuerdo al documento, los jueces del gobierno venezolano cambiaban las fechas de los expedientes judiciales para “poder encubrir a las fuerzas policiales, paramilitares o de inteligencia que participaban de operativos contra opositores y sometían a sus víctimas a torturas”.
“Violaciones de DD. HH.”
A su vez la presidenta de la Misión Internacional, Marta Valiñas, aseguró que la independencia del poder judicial se ha visto “erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado”, agregó.
Según la Misión Internacional, realizó 177 entrevistas, incluyendo a actores del sistema de justicia, así como exjueces, fiscales y abogados defensores de los derechos humanos. Asimismo, se efectuaron análisis de expedientes judiciales de al menos 183 detenciones entre 2014 y agosto de 2021.
“Medida rutinaria”
También señalaron que los jueces ordenaron la prisión preventiva como una “medida rutinaria y no excepcional”. “Mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona y dieron apariencia de legalidad a las detenciones ilegales emitiendo órdenes de arresto con carácter retroactivo”.
Los jueces y fiscales del gobierno tampoco investigaban casos de violencia sexual contra detenidos. Incluso, tras las denuncias de tormentos, “obligaban a los detenidos ilegalmente a permanecer bajo la custodia de sus torturados en centros clandestinos”, indica el documento.
“Varias víctimas, testigos, abogadas y abogados dijeron a la Misión que otras personas imputadas no denunciaron la tortura ante las autoridades judiciales, ya sea por miedo o por falta de confianza en la respuesta judicial. Esto se ha omitido especialmente durante las audiencias de presentación, cuando la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, habían ocurrido recientemente”.
La Misión reveló que las personas detenidas solían estar “incomunicadas y sin supervisión durante este periodo, eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Las múltiples irregularidades en los casos que hemos analizado, tomadas en conjunto, han tenido un impacto devastador en las vidas —incluso en la salud física y mental— de las víctimas y sus familias”, dijo Valiñas.
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