Yira Yoyotte
De acuerdo al monitoreo que a diario realiza la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), entre enero y febrero del presente año, tres (3) personas han sido denunciadas como desaparecidas a la luz del trabajo que se realiza en el Arco Minero del Orinoco.
Voceros de la ONG destacan que cada vez es más común el reporte de personas desaparecidas en el contexto minero del estado Bolívar.
“Por lo general no se encuentran rastros de estas personas, sus familiares sufren mucha angustia ante tanta incertidumbre y el miedo es un elemento constante en medio de esta terrible situación”, indica el reporte de prensa enviado por Codehciu.
La Asociacion Civil agrega que indagar la verdad sobre estos casos podría significar exponerse a un peligro mayor para los familiares.
“Dos mujeres y un hombre han sido reportados como desaparecidos. El patrón que se mantienen es que estas desapariciones se llevan a cabo dentro del contexto de trabajo del Arco Minero del Orinoco”, indica Codehciu.
La ONG explica que uno de los hechos se llevó a cabo en el municipio Sifontes y los otros dos en el municipio Roscio, del estado Bolívar.
Oriunda del estado Sucre
Codehciu informó que en enero 2023 se registró la desaparición de Lenis Coromoto Salazar, de 39 años de edad. Esta mujer, oriunda del estado Sucre trabajaba en El Dorado y la última vez que se comunicó con sus familiares fue el 11 de noviembre del 2022.
“En esa oportunidad dijo que se introduciría en una mina y desde entonces no se supo más de ella”, precisa el reporte emitido por la ONG.
La ONG agrega que en el mes de febrero se registraron dos casos: una pareja que trabajaban como lancheros en la mina Las Vainitas, en Guasipati.
“Los medios de comunicación no especificaron la identidad de los desaparecidos, lo que sí se informó es que se hallaron dos cadáveres en la misma zona donde laboraba el mencionado matrimonio”.
El diario Primicia conoció de manera extraoficial que un pariente de los desaparecidos denunció el caso ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Tumeremo y los agentes trabajan arduamente parta lograr identificar a las víctimas.
Del delito
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos las desapariciones suponen en general una violación de diversos derechos de carácter político, económico, social y cultural.
Asimismo, una desaparición forzada puede tener repercusión en el ejercicio de esos derechos por los parientes del desaparecido.
Codehciuinsta al Estado venezolano a resguardar los derechos de los ciudadanos venezolanos.
Agregan que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad, a la protección y a la asistencia de su familia, tiene derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tiene derecho a la salud y a una vida digna, tiene derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconoce a las desapariciones forzadas como un crimen.
Esta práctica está prohibida de forma universal como una violación de los derechos humanos. Por ende, el Estado tiene la obligación de trabajar para la no repetición de estos sucesos.
