En una rueda de prensa que reunió a activistas y defensores de derechos humanos este viernes 27 de enero, se realizó un pronunciamiento público en contra del Proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, el cual pone en riesgo el derecho a la asociación y el espacio cívico en Venezuela.
“Esta Ley busca inhibir cualquier organización social para exigir derechos y no tener que dar respuesta” manifestó Lexys Rendón de Laboratorio de Paz que además recordó que no son nuevas las continuas amenazas recibidas por parte del Gobierno venezolano. Desde hace años “todo aquel que disienta es tratado desde la mirada del enemigo interno, del traidor a la patria. Absolutamente contrario a las libertades democráticas y a las garantías de los derechos de los venezolanos y venezolanas” señaló.
Rondón manifestó también que el proyecto de ley busca controlar toda acción política de las organizaciones que han construido una legitimidad denunciando derechos humanos, pero que eso es solo la punta del iceberg. “No son solo las organizaciones no gubernamentales, debajo de esa punta está el país en su conjunto (…) El espacio cívico venezolano está en riesgo”.
Las Organizaciones entregaron una carta abierta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk.
Andrea Santacruz, abogada de Civilis derechos humanos, destacó los puntos más relevantes de la carta abierta que se hizo entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas Volker Turk, en su visita a Venezuela. El documento suscrito por noventa organizaciones expone observaciones sobre lo que ha sido el trabajo de la institución y en miras de fortalecer el trabajo de las Naciones Unidas con la Oficina en Venezuela.
Cabe destacar que, momentos antes de que iniciara la rueda de prensa, una de las activistas que participó en la reunión con el Alto Comisionado el día anterior, María Fernanda Rodriguez, fue sacada de sus labores educativas en la Universidad Metropolitana, detenida por las autoridades y puesta en libertad horas después.
“Desde el artículo 1 hasta el último artículo de esta Ley tiene vicios y tiene violaciones a los derechos humanos”
El abogado Alí Daniels de Acceso a la Justicia, explicó algunos aspectos de la normativa a los cuales hay que ponerle atención por sus características represivas, discriminatorias y violatorias de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“El proyecto no busca fiscalizar a las organizaciones sino controlarlas” destacó el abogado haciendo referencia a la exposición de motivos del proyecto de ley que fue aprobado en primera discusión el pasado martes 24 de enero de 2023, en la cual “no se cita ningún estándar internacional, ni del Pacto de Derechos Civiles y Políticos ni de la Convención Americana, ni siquiera del Comité Internacional de Derechos Humanos”.
“Los derechos humanos no son socialistas ni capitalistas, son derechos humanos”
Daniels reitera que calificar un derecho humano como liberal es desconocer ese derecho y en este sentido expone que el derecho de asociación no puede regularse ya que es un derecho de consentimiento reconocido como tal en nuestro Código Civil.
Por este motivo, cuando un grupo de personas decide asociarse, lo que ocurre posteriormente es la notificación al Estado de esa voluntad, pero “las asociaciones de hecho tienen la misma validez que las asociaciones de derecho porque se entiende que nacen del consentimiento de las voluntades. El Estado lo que hace es registrarlo, no autorizarlo” explicó el abogado.
Es por esto que las organizaciones hacen un llamado de alerta y exigen la anulación de esta normativa que busca condicionar el ejercicio de un derecho humano bajo parámetros y restricciones que llevarán a la anulación de las organizaciones no gubernamentales de cualquier ámbito en el país.
Muestra de ello es la cantidad de exigencias restrictivas en materia de registro que además deberán cumplirse anualmente, así como las sanciones desproporcionadas que, según Daniels “están diseñadas para anular a quien no cumpla porque las multas establecidas son confiscatorias. Ninguna organización actualmente puede pagar la multa más baja que es de $3.000 y menos aún la más alta que es de $12.000”.
Los activistas hicieron énfasis en que todos estos son controles que están establecidos para dificultar el ejercicio del derecho de asociación e hicieron un llamado a los organismos internacionales a pronunciarse en contra de la estigmatización, criminalización, represión y persecución hacia las organizaciones, desconociendo y violando a los estándares de libertades de derecho a la asociación, expresión y reunión pacífica.
Con información de Justiciayverdad.org
